BOGOTÁ.- El cautiverio de los ex congresistas colombianos Gloria Polanco de Lozada, Orlando Beltrán Cuéllar, Luis Eladio Pérez y Jorge Eduardo Géchem Turbay, secuestados por las FARC desde hace más de seis años, ha llegado a su fin. La guerrilla los ha entregado en la región del Guaviare, sur de Colombia, a los delegados del gobierno venezolano y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Después ha anunciado que no habrá más liberaciones unilaterales de rehenes.
En la comisión humanitaria también participó la senadora Piedad Córdoba, conocida ya internacionalmente por su papel como mediadora -junto con el presidente venezolano, Hugo Chávez- en la operación de liberación de los secuestrados por las FARC. Fuentes relacionadas al proceso aseguraron a Caracol Radio que la presencia de Córdoba ha sido fundamental como garante de seguridad en el momento de la entrega.
Acompañan a la política colombiana un periodista y un cámara de televisión, que han puesto su grano de arena dejando constancia audiovisual del instante en que los ex congresistas han sido liberados, como ya se hizo en enero, cuando las FARC liberaron a la ex candidata a la vicepresidencia de Colombia, Clara Rojas, y la también diputada, Consuelo González de Perdomo.
Aunque en un primer momento se contempló la posibilidad de trasladar a Jorge Eduardo Géchem, que al parecer se encuentra grávemente enfermo a un hospital cercano al lugar de rescate, finalmente serán trasladados a Caracas, donde les aguardan sus familiares. "Están en nuestras manos y están en un estado de salud que les permite viajar", confirmó la portavoz de la Cruz Roja Internacional en Colombia, Bárbara Hintermann.
Dos helicópteros con matrícula venezolana y distintivos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) partieron muy temprano desde algún lugar de la frontera colombovenezolana hacia las tierras del Guaviare, donde se ha realizado el canje humanitario.
Chávez, está al frente de la operación, aunque ha desempeñado este papel con mucha discreción debido a los enfrentamientos con su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, que han dado lugar a un conflicto diplomático. El mandatario del país caribeño ha mantenido en secreto las coordenadas donde iban a liberar a los rehenes hasta el último momento, por petición expresa de las FARC.
Así, el presidente Álvaro Uribe, que se ha mantenido al margen del operativo, apenas aseguró que el Gobierno de Colombia colabora «como lo ha hecho siempre". Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, ratificó que las instrucciones de sus hombres han sido siempre las de cooperar. Según la prensa colombiana, las autoridades del país han puesto todo de su parte para facilitar la operación, reforzando las medidas de seguridad en el área donde ha tenido lugar el intercambio, controlando el acceso de personas a la capital del Guaviare.
Sin embargo, la guerrilla ha asegurado que la liberación se ha producido "un gigantesco operativo militar", poniendo en peligro la vida de los rehenes. Dicho esto, el grupo armado ha exigido que se "desmilitaricen" dos pueblos del suroeste colombiano, para seguir adelante con en canje.
En un comunicado difundido por Caracol Radio, la guerrilla ha pedido "el despeje militar de Pradera y Florida por 45 días, con presencia guerrillera y la comunidad internacional como garantes para pactar con el gobierno en ese espacio la liberación de los guerrilleros y de los prisioneros de guerra".
La falta de seguridad en las operaciones de rescate de secuestrados por la guerrilla ha sido denunciada por algunas víctimas de la violencia en Colombia. Una de las caras más conocidas que han hablado de esto es Clara Rojas, que fue puesta el libertad por las FARC en enero, tras un cautiverio de seis años. Mientras estaba en España, para asistir a un congreso de víctimas del terrorismo, explicó que tanto ella como Consuelo González de Perdomo, "sintieron" cerca los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército colombiano, cuando una de las condiciones para la liberación era el despeje de la zona en al que estaba teniendo lugar la operación. Este fue, precisamente, el argumento esgrimido por las FARC para postergar la operación de rescate, prevista el 31 de diciembre de 2007.
Otra víctima que denuncia la falta de cooperación del Gobierno colombiano es el profesor Gustavo Moncayo, padre de Pablo Emilio Moncayo, secuestrado por las FARC hace una década. Como muchas otras víctimas que abogan por una negociación entre el Estado colombiano y las FARC, que derive en un intercambio humanitario, el maestro colombiano tiene miedo a que su hijo muera en medio de una operación militar contra la guerrilla. En una conversación con soitu.es, Moncayo explicó que los secuestrados están vestidos de guerrilleros, por lo que es fácil que el ejército los confunda con los subversivos, a los que tiene la misión de abatir. El profesor Moncayo, que ha criticado muy duramente a Uribe por su papel en el canje, está amenazado, desde hace varias semanas por un grupo paramilitar que asegura no tener nada que ver con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que supuestamente se han desmovilizado después de negociar con el Gobierno.
En la misiva, la guerrilla también ha anunciado que no habrá, por el momento, "más liberaciones unilaterales de rehenes".
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