El 'contrato de integración' de Rajoy o cómo aprobar leyes que ya existen

MADRID.-  Para alguno es "superflua" (José Luis Rodríguez Zapatero) , para otros "incongruente y estigmatizadora" (SOS Racismo), o incluso hay quienes la consideran "parcialmente equivocada" (Ciutadans per Catalunya). La propuesta para "integrar" a los inmigrantes del líder de la oposición, Mariano Rajoy ha desatado la polémica. Cada uno lo ve a su manera, pero todos coinciden en algo: la mayoría de las medidas propuestas ya existen.

A continuación, presentamos un esquema con los puntos fundamentales del programa de Rajoy, muchos de ellos presentes en la Ley desde hace años:

-Cumplir las leyes:

Según el Código Civil todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley, hasta el punto de que "la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento". Por otro lado "la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos" sólo puede hacerse cuando esto "no contraríe el interés o el orden público ni perjudique a terceros".

-Pagar impuestos:

Ley de Extranjería (apartado 1 / artículo 15 ) establece que "los extranjeros estarán sujetos, con carácter general, a los mismos impuestos que los españoles". Y va más allá. Aquel que quiera poner su documentación al día está obligado a acreditar que ha cotizado a la Seguridad Social un mínimo de seis meses y que tiene una oferta de empleo firme. De no ser así, el permiso de residencia o trabajo no sería renovado.

-Respetar las costumbres de los españoles:

El PP ha adelantado algunas de las "costumbres españolas" que los extranjeros deben respetar:

• Prohibición de la ablación del clítoris: La mutilación genital está tipificada como delito en el Código Penal desde hace hace cinco años (Artículo 149. Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre) . Es más, en 2005 se reformó el Código para perseguir las mutilaciones genitales fuera de España y evitar que las niñas hijas de inmigrantes sean mutiladas mientras están de viaje o pasan las vacaciones en el país de origen de sus padres.
• Respeto por la igualdad de sexos: La igualdad entre hombres y mujeres está recogida por la Ley desde marzo del año pasado. En el artículo 2 se dispone que estas obligaciones se extienden a "toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia". Es decir, que si vives en España, la cumples, seas o no inimigrante.
• Cumplimiento de las normas urbanas básicas de higiene: O el Partido Popular cree que sólo ensucian los inmigrantes (y que todos los españoles somos muy limpios), o se han olvidado de que la obligación de no ensuciar los lugares públicos está recogida en todas las ordenanzas municipales y afecta a todos los ciudadanos.

-Expulsión inmediata para los que cometan delitos:

Aquí el plan de Rajoy se vuelve confuso. Para empezar, existen varios tipos de faltas y delitos, desde los más leves como el retraso en los trámites administrativos, penados con 300 euros, o los muy graves como el asesinato o la violación. La Ley de Extranjería ya recoge las penas aplicadas a los distintos delitos. En el caso de las faltas o delitos leves, se impone una multa o sanción. En el caso de que los extranjeros cometan un delito que los lleve a la cárcel, serán expulsados aquellas personas sobre las que pese una pena máxima de seis años siempre que hayan cumplido con las tres cuartas partes de la pena. En el caso de delitos muy graves, que conlleven más de seis años de cárcel, el extranjero deberá cumplir con su pena en España. Si el Partido Popular gana las elecciones en marzo y pone en marcha su plan, ¿deportará sin más a las personas que hayan cometido delitos muy graves? ¿Se asegurarán de que cumplan las penas en su país? No ha quedado claro.

Propuestas indeterminadas

-Aprender la lengua y trabajar activamente para integrarse:

No se aclara qué significa esto ni cómo se va a garantizar su cumplimiento. Sólo se sabe que el plan incluirá "cursos de formación" sobre la lengua, las leyes y las costumbres del país, organizados por el Gobierno, según ha adelantado el secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa en declaraciones a Servimedia. Así, el popular explicó que el contrato de integración irá acompañado de múltiples medidas para combatir la inmigración irregular y conseguir que quienes vienen a España se adapten a los "valores y principios comunes" de la sociedad.

Mientras, el secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Arias Cañete aseguraba que "tenemos derecho" a pedir a los inmigrantes que se integren y, si no lo logran, vuelvan "voluntariamente" a sus países.

-Compromisos de España:

En contrato no obliga sólo a los inmigrantes. "España se comprometerá a conceder al inmigrante los mismos derechos y prestaciones que a un español, a ayudarle en su integración y a respetar sus creencias y costumbres siempre que no sean contrarias a las leyes españolas", ha adelantado Rajoy, que no se acuerda del compromiso de los Jefes de Estado y de Gobierno de todos los estados miembros de la Unión Europea de garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que residieran legalmente en el territorio de sus Estados miembros (Tampere de octubre de 1999). El acuerdo establece que "una política de integración debe encaminarse a conceder a estos residentes derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión, así como a fomentar la ausencia de discriminación en la vida económica, social y cultural y al desarrollo de medidas contra el racismo y la xenofobia".

Las novedades

-El extranjero tendrá que regresar a su país si durante un tiempo (un año) no logra encontrar empleo

-Se trata de un "contrato jurídico", aunque aún no se ha definido el valor jurídico que tendrá.

-Se endurecerán las leyes de reagrupación familiar. Hasta ahora, de acuerdo con la Ley de Extranjería eran reagrupables, "fundamentalmente, el cónyuge, los hijos menores de edad o incapacitados y los ascendientes que dependan económicamente del reagrupante".

Promesas

-No más regularizaciones masivas:

El PP ha vuelto a criticar el proceso de regularización de más 700.000 inmigrantes indocumentados que llevó a cabo el Gobierno en 2005, y ha prometido que eso no volverá a ocurrir en España nunca más.

-Crear una agencia [estatal] de inmigración y de empleo:

La agencia servirá para atender las demandas reales de las empresas españolas y tendrá a su cargo la supervisión de la selección, formación y contratación de trabajadores extranjeros con plenas garantías"