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Aprobadas las subvenciones por 5,2 millones para construir 676 viviendas sociales

EFE
Actualizado 13-12-2007 16:32 CET

Santander.-  El Gobierno de Cantabria ha aprobado subvenciones por importe de 5,2 millones de euros para construir 676 viviendas de protección oficial, en una reunión celebrada hoy en la que ha tramitado inversiones y ayudas por un importe superior a 20,6 millones.

Las subvenciones, un total de 15, se destinarán a apoyar la construcción de 676 viviendas, de las cuales 550 serán de régimen general y 126 de régimen especial.

La vicepresidenta de Cantabria y portavoz del Gobierno, Lola Gorostiaga, ha explicado en rueda de prensa que del total de ayuda aprobada, 3,8 millones de euros son para subvencionar la promoción de 472 viviendas y 1,3 para la adquisición y habilitación de suelo destinado a 204 viviendas más.

Las viviendas se ubicarán en los municipios de Castro Urdiales (33), Suances (62), Colindres (47), Santander (130), San Felices de Buelna (64), Marina de Cudeyo (51), Piélagos (42), Valdáliga (49), Laerdo (84), Alfoz de Lloredo (20), Soba (30), Santoña (34) y Hazas de Cesto (30).

El Gobierno de Cantabria ha acordado en su reunión de hoy conceder subvenciones por importe de 3,2 millones de euros para la creación de empleo autónomo, con 346 beneficiarios.

Estas subvenciones están destinadas a incentivar el establecimiento de trabajadores desempleados como autónomos y pueden solicitarse para cinco programas diferentes: establecimiento, financiación, asistencia técnica, formación y seguridad social.

Se han autorizado también ayudas por valor de 878.079 euros a favor de los ayuntamientos de El Astillero, Camargo, Castro Urdiales, Meruelo, Peñarrubia, Puente Viesgo, Santoña, Torrelavega y Tresviso, para financiar inversiones en rehabilitación y urbanización de grupos de viviendas.

El Gobierno ha aprobado dos convenios con el Ministerio de Educación y Ciencia, uno para el programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora y el segundo para el plan de apoyo a la implantación de la LOE

Este convenio establece que el Ministerio aportará a Cantabria 593.948 euros.

Con esa cantidad, se financiarán programas de formación del profesorado en aspectos generales de la ley y áreas específicas que se han incorporado al currículo o sufren modificaciones, apoyo a la implantación de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, mejora del éxito escolar y actuaciones dirigidas a disminuir las bolsas de abandono temprano de la escolarización.

El coste de estos programas asciende a 1.484.870 euros, por lo que el Gobierno de Cantabria financiará su ejecución con 890.922 euros.

Se han autorizado transferencias a favor de la Universidad de Cantabria y la Fundación Marqués de Valdecilla, por importe de 509.000 y 65.000 euros, respectivamente, para desarrollo del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora.

En Sanidad, se han autorizado contratos de suministros para el Hospital Valdecilla por importe de 3.438.728 euros.

Para la Consejería de Cultura, se ha autorizado el proyecto promovido por la Fundación Santa María La Real para el acondicionamiento y rehabilitación de la Batería Baja de Galvanes, ubicada en el paseo marítimo de Santoña y declarada Monumento, de acuerdo con el Plan de Excelencia del municipio.

Se han autorizado dos gastos por 250.000 euros a favor de la Universidad de Cantabria para sufragar sendas investigaciones sobre la viabilidad de la implantación de un sistema de oceanografía y meteorología regional y el cambio climático en España.

El consejero de Industria ha informado al Consejo de Gobierno sobre la adjudicación de la mejora de los accesos a la terminal de autobuses de Ramales, con un presupuesto de 222.035 horas.

En la reunión, se han aprobado subvenciones para acciones de difusión, sensibilización e información y asesoramiento y formación específica que pondrán en marcha UGT, CCOO, CSI-CSIF y CEOE-CEPYME.

El Gobierno ha autorizado la firma de un convenio con el Ministerio del Interior para poner en marcha un programa de reeducación para agresores por delitos de violencia de género.

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