La UE aprueba abaratar los mensajes a móviles y las descargad de datos en el extranjero

Bruselas.-  La Unión Europea (UE) aprobó hoy reducir las tarifas del envío de mensajes a móviles y de la descarga de datos desde otro país, mientras que llegó a una acuerdo político sobre la reforma de la regulación de las telecomunicaciones.

Los ministros de Telecomunicaciones, con la opinión desfavorable de España, respaldaron la propuesta de la Comisión Europea de rebajar los precios mayoristas de los mensajes enviados desde el extranjero ("roaming") de una media de 0,29 euros a un máximo de 0,11 euros (sin IVA), y por descarga de datos a un euro por megabyte.

Tanto España como la República Checa criticaron la propuesta, al considerar que puede llevar a los operadores a subir el precio de otros servicios.

El secretario de Estado español de Telecomunicaciones, Francisco Ros, recordó que los países "no son homogéneos ni en orografía ni en densidad", por lo que el coste de sus redes es distinto en Holanda (más plano) que en España (más montañoso), y opinó que no se puede imponer el mismo límite de precios en ambos casos.

La propuesta aprobada hoy también sugiere que los operadores ofrezcan la posibilidad de solicitar el corte del servicio de descarga de datos cuando vayan a sobrepasar un límite de 50 euros, una medida que varios países consideraron ineficaz para rebajar los precios minoristas.

En cuanto a los mensajes a móviles, el precio máximo será de 0,11 euros para la tarifa minorista y 0,04 euros para la mayorista.

Los ministros también dieron su visto bueno a ampliar durante otros tres años el reglamento en vigor que rebajó las llamadas de voz hechas y recibidas en el extranjero, que expiraba en 2010.

Se seguirán produciendo recortes por etapas, tanto de los precios al por menor como al por mayor.

Las llamadas hechas y recibidas en otro país se facturarán por segundo (a partir del medio minuto las recibidas).

La Eurocámara se pronunciará previsiblemente a favor del texto aprobado hoy en primera lectura en 2009, de forma que la nueva legislación (que tendrá una duración limitada de tres años) podría entrar en vigor el 1 de julio de 2009.

Los titulares europeos de Telecomunicaciones también llegaron a un acuerdo político sobre la propuesta de reforma de la regulación del sector, que aún debe ser examinado por el Parlamento Europeo.

Fundamentalmente, el texto del Consejo rebaja el peso de la Comisión en materia reguladora.

Los países que más reservas mantenían hacia el texto de compromiso de la presidencia, como Italia e Irlanda, decidieron finalmente alinearse con la mayoría de los socios comunitarios, mientras que otros estados como Suecia, Holanda y el Reino Unido decidieron abstenerse en la votación.

La comisaria europea de la Sociedad de la Información, Viviane Reding, afirmó que ahora hay "tres textos sobre la mesa" (de la Comisión, de la Eurocámara y del Consejo) sobre los que habrá que trabajar si se quiere conseguir el objetivo de que los eurodiputados lo aprueben en segunda lectura antes del fin de la legislatura la próxima primavera.

Entre otros cambios, la presidencia decidió añadir una referencia a los riesgos que deben afrontar las compañías a la hora de invertir, en el punto referente a promover la innovación para fomentar nuevas infraestructuras.

Sobre el grupo europeo de reguladores de telecomunicaciones, ante el que Italia presentaba reservas porque quería que fuera una agencia comunitaria, finalmente se mantuvo la postura de que sea un organismo independiente que no tenga personalidad jurídica y que se dedique únicamente a asesorar.

Los estados miembros tampoco recogieron la propuesta del Parlamento Europeo para restringir el derecho de expresión e información de los consumidores, sin contar con una orden judicial, cuando la seguridad pública se vea amenazada.

La Comisión se mostró además "decepcionada" por el rechazo de los países a darle un peso específico a la hora de coordinar el espectro radioeléctrico que quede libre en el paso de la televisión analógica a la digital ("dividendo digital").

Los países también aprobaron que la llamada "separación funcional" pueda ser impuesta por los reguladores -y no por la Comisión- únicamente cuando no haya otra manera de facilitar la competencia.

La medida puede exigir a un operador dominante que disocie su infraestructura de red de su negocio de servicios para mejorar la competencia en el mercado.