Piden al Estado colombiano reparar a las víctimas y acabar con la impunidad

Esther Rebollo Bogotá.-  Esther Rebollo

Bogotá, 16 sep (EFE).- La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) de Colombia pidió hoy al Estado que repare sin demora a las víctimas del conflicto y acabe con la impunidad en este país, donde sólo en la última década se han contabilizado unas 15.000 muertes o desapariciones forzosas.

Con motivo de la presentación de su primer informe sobre Memoria Histórica, denominado "Caso Trujillo: una tragedia que no cesa", la CNRR expuso una serie de recomendaciones bajo la confianza de que la Procuraduría de la Nación instruya para su cumplimiento a las autoridades, desde el presidente Álvaro Uribe hasta la Fiscalía.

Este organismo, creado en 2005, tiene como objetivo facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados ilegales, garantizando los derechos de las víctimas a la justicia y la reparación.

Así, la Comisión exigió al Estado que cree las condiciones necesarias para que la violencia cese en Colombia.

Bajo estos planteamientos, el director de Memoria Histórica de la CNRR, Gonzalo Sánchez, presentó el informe sobre una de las más emblemáticas masacres cometidas en Colombia.

El documento remarca que militares, policías, narcotraficantes y guerrilleros fueron responsables de la matanza de Trujillo, en el suroeste de Colombia, donde fueron asesinadas entre 1986 y 1994 un total de 342 personas.

Por estos hechos, el Estado fue condenado en 1995 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que obligó al entonces presidente Ernesto Samper a pedir disculpas públicas.

Aún así, estos crímenes permanecen en la impunidad, recordó a Efe el historiador Sánchez, quien consideró que dos décadas después de que comenzasen los asesinatos "no hay un fallo condenatorio por los hechos".

Múltiples testimonios comprometen a Henry Loaiza, alias "El Alacrán", miembro destacado del desarticulado cartel de Cali; a Diego Montoya, alias "Don Diego, del cartel del Norte del Valle, y al fallecido Iván Urdinola Grajales, del mismo grupo.

Sus sicarios, aliados con paramilitares, aparecen como los principales responsables de las matanzas, así como guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del desaparecido frente Jaime Bateman Cayón, además de políticos, militares y policías, pero ninguno ha sido llamado a juicio.

"Es una de las más grandes masacres en el país, es una masacre continuada, porque en ella convergen todos los actores imaginados. Es un caso que refleja muy bien el tipo de violencias cruzadas que existen en Colombia", aseveró el director del grupo Memoria Histórica.

"Es emblemático porque es una de las manifestaciones de acumulado de memoria más importantes que hay en el país", remarcó.

Términos en los que coincidió la representante de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo Yamilet Vargas, quien confirmó a Efe la impunidad en que se ha mantenido el asesinato de su padre.

"Mi padre fue detenido y desaparecido por agentes de la policía junto a mis dos tíos el 2 de abril de 1990, jamás encontramos sus cuerpos, pero hay testigos que dicen que fueron masacrados y arrojados al río Cauca", relató esta joven de 22 años.

Lo que esta asociación busca es "el esclarecimiento de los hechos y exigencia de justicia", agregó, al afirmar que "todavía no hay una condena pese a que los victimarios están identificados".

En este caso, fueron supuestamente agentes del Estado en complicidad con narcotraficantes.

A la emotiva presentación, celebrada en el Museo Nacional de Bogotá, asistieron familiares de las víctimas, que portaban fotografías de sus muertos o desaparecidos.

También el vicepresidente del país, Francisco Santos, quien reconoció que "este Estado no fue capaz de garantizar la vida".

"Una condición indispensable para lograr la no repetición de estos crímenes es cerrarle todos los espacios a los narcotraficantes", dijo el político.

"Produce vergüenza y dolor el papel de algunos miembros del Ejército y la policía", agregó Santos sobre el rol de ejecutores que adoptaron los miembros de las fuerzas de seguridad.

El vicepresidente pidió al Fiscal General que acelere el proceso de expropiación de las fincas donde ocurrieron los sucesos de Trujillo para "entregarlas a los familiares de las víctimas como parte de la reparación integral".