Empresas vs. blogueros: ¿quién teme más a quién?

¿Deben los blogueros responsabilizarse de las opiniones que los comentaristas vierten en sus bitácoras? ¿Están obligados a moderarlos y retirar los que puedan resultar ofensivos o vulnerar el honor de terceras personas? La pugna entre la libertad de expresión en la red y la necesidad de algunas empresas por controlar todo lo que se dice de ellas se ha hecho de nuevo evidente a raíz del caso de Carlos Albaladejo, autor del blog gonzolog, a quien Vocento ha amenazado con iniciar acciones legales en su contra de no borrar unos comentarios alojados en su blog sobre la compañía. La historia ha devuelto a la red una cuestión que plantea además grandes dudas legales y jurídicas.

(Ramiro E.)

Carlos Albaladejo, autor de gonzolog.

Todo empezó con un post sobre una oferta de trabajo de Vocento Mediatrader (empresa perteneciente al grupo editorial Vocento, editor del diario ABC y de numerosos periódicos regionales), en el que Albaladejo hacía una crítica irónica sobre el hecho de que la empresa pidiera al empleado que aportara su propio vehículo. De ahí a que la entrada se convirtiera (en palabras de Albaladejo) en un "foro para ex trabajadores de Vocento" que le tenían ganas a la empresa sólo había un paso. Los caprichos algorítmicos de Google hicieron el resto, colocando al blog en lo alto de la lista de resultados cuando se introducía como palabra clave el nombre de la empresa.

La línea temática de los más de medio centenar de comentarios era variada: desde entresijos de la empresa a datos sobre los horarios, los sueldos o los directores comerciales. Las opiniones y críticas acerca de la empresa han molestado tanto a Vocento que un despacho de abogados ha enviado un burofax a Carlos conminándole a borrar todos los comentarios que han causado, según el texto, "un profundo malestar y conmoción" y que han comprometido el "buen nombre y la imagen de la compañía". Ello, a pesar de que el propio autor del blog había inhabilitado la publicación de más comentarios a la entrada al considerar que se trataba de una discusión "totalmente infantil y ridícula".

¿Qué dice la ley?

Más allá del caso particular de Carlos, el debate sobre quién se responsabiliza de lo que se escribe en internet sigue creando polémica. A principios de este mes, Julio Alonso, fundador de Weblogs SL y autor del blog Merodeando recibió una sentencia condenatoria que lo obligaba a pagar una multa de 9.000 euros por comentarios escritos por terceras personas en su bitácora que vulneraban el derecho al honor de la Sociedad General de Autores (SGAE).

Este precedente legal es el que han disuadido a Albaladejo de mantener los comentarios en su página. "Tal y como está la ley yo soy responsable de esos comentarios y los he quitado porque legalmente tenía que hacerlo, pero a nadie le gusta retirar comentarios de su blog", reconoce Albaladejo, quien espera que su caso sirva revisar y aclarar la legislación.

Sin embargo, en opinión de Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en ciber derecho y defensor de Julio Alonso, en España existe una "inseguridad jurídica total" al respecto. La norma que articula este tipo de procesos es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Se trata de una ley que desarrolla la Directiva Europea sobre Comercio Electrónico, pero que además, regula situaciones en las que derechos personales constitucionales como el del honor y a la intimidad puedan verse vulnerados en la red.

La LSSI establece que los prestadores de servicios (o sea, webmasters o blogueros, en este caso) solamente son responsables de los contenidos desde el momento en que tengan "conocimiento efectivo" de que la información alojada o enlazada por terceros es ilícita. "Esto cada juez lo interpreta como quiere", lamenta Sánchez Almeida.

Sentencias contradictorias

Esta falta de uniformidad de criterios explica que, efectivamente, ante casos de características similares, se dicten sentencias en sentidos diferentes. Así, Ajoderse.com no fue considerado responsable de los enlaces en su web que remitían a páginas donde se podía ver televisión de pago. Sin embargo, en el caso de Alasbarricadas, aunque se borraron los comentarios que se consideraba que dañaban el honor de la SGAE, finalmente los tribunales fallaron en su contra.

"No existe un criterio unificado y hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo no habrá una jurisprudencia uniforme", explica Almeida. El problema parece encontrarse en qué se entiende por el "conocimiento efectivo" de contenidos ilícitos. Para Almeida, la única forma de transmitir al webmaster la ilegalidad de la información (comentarios, enlaces) tiene que ser a través de la notificación de un juez, tal y como indica la LSSI.

Sin embargo, para Javier de la Cueva, otro abogado especialista en derecho de internet, la norma deja un margen de duda y no da a entender claramente que la notificación judicial sea la única forma de indicar que un contenido de una página puede vulnerar la legalidad, sino que también puede conseguirse a través de cualquier otro documento.

¿Qué quiere decir esto? Que, como teme Almeida, un simple burofax (similar al que Albaladejo ha recibido) que un despacho de abogados remita en nombre de cualquier empresa a la que no le guste lo que se dice de ella en la red intimide a los internautas y éstos retiren los comentarios, aunque no sean ofensivos. "Si las críticas no traspasan los límites de la libertad de expresión lo que hace falta es valentía para no ceder y no quitarlos", coincide de la Cueva.