Quito.- La gubernamental Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) de Ecuador advirtió hoy de la posibilidad de realizar más incautaciones de empresas ligadas a bancos intervenidos por el Estado durante la crisis financiera de hace una década.
El gerente de Agencia de Garantía de Depósitos de Ecuador, Carlos Bravo (i), indicó que la ley le permite ordenar otras incautaciones similares a la de las 195 empresas del denominado "Grupo Isaías".
"Hay diez bancos en liquidación este momento y, si tengo que dictar más incautaciones, las dictaré", enfatizó en rueda de prensa el gerente de la AGD, Carlos Bravo.
Bravo indicó que la ley le permite ordenar otras incautaciones similares a la decretada el pasado martes, que afectó a 195 empresas del denominado "Grupo Isaías", vinculado al banco cerrado Filanbanco, que está bajo investigación judicial.
Entre esas empresas figuran varios medios de comunicación, incluidos los canales TC-Televisión, Gamavisión y Cable Noticias, que actualmente operan con normalidad tanto en su programación regular como en sus informativos, aunque sus instalaciones están aún resguardadas por la policía.
El gerente de la AGD justificó esa acción y dijo que es "la medida anticorrupción más importante que se ha tomado" en los últimos tiempos en su país.
La AGD es la entidad encargada de recuperar el dinero que el Estado destinó para sanear a una veintena de bancos intervenidos tras la crisis financiera que se desató en el país en los años 1998 y 1999, considerada la peor de la historia nacional.
Bravo afirmó también que la AGD se tomará "el tiempo que sea necesario" para determinar los activos de empresas vinculadas a los bancos en liquidación y que puedan ser, eventualmente, incautadas.
De su parte, César Rodríguez, el segundo vicepresidente de la Asamblea Constituyente y que pertenece al movimiento oficialista Acuerdo País, justificó un mandato aprobado el miércoles por ese foro para proteger las incautaciones.
Esa decisión de la Constituyente, que tiene fuerza de ley, es una norma "contra la impunidad de ciertos banqueros" que, durante la crisis de hace una década, "cometieron delitos financieros" y perjudicaron a decenas de miles de clientes, remarcó a Efe Rodríguez.
Además, señaló que el mandato intenta proteger a la AGD de eventuales recusaciones y "leguleyadas" de abogados de los ex banqueros afectados por la incautación.
Rodríguez también rechazó la versión de los abogados del "Grupo Isaías", que han advertido que la incautación afecta a la libertad de expresión y que es una medida política del Gobierno para, supuestamente, controlar los medios de comunicación de cara al referendo sobre la nueva Constitución.
Por contra, el asambleísta opositor Pablo Lucio Paredes señaló a Efe que, a su criterio, para despojarse de la sospecha de que ha atentado contra la libertad de expresión, el Gobierno debería "inmediatamente sacar a la venta los activos" incautados.
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