Londres.- La Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó hoy por un estrecho margen extender de 28 a 42 días el plazo legal de detención sin cargos de sospechosos de terrorismo.
El primer ministro británico, Gordon Brown.
Un total de 315 diputados votaron a favor de la propuesta gubernamental, que será incluida en una nueva ley antiterrorista, mientras que 306 lo hicieron en contra, incluidos 37 laboristas, de un total de 646 miembros que tiene la Cámara baja.
Esta victoria da un respiro al primer ministro británico, Gordon Brown, cuyo liderazgo está en entredicho tras varias decisiones impopulares y los desastrosos resultados que obtuvo en las últimas municipales.
La propuesta del Gobierno de extender el plazo de prisión preventiva sin cargos había provocado un gran debate en el Reino Unido con el añadido de la posibilidad de que esta votación reportara a Brown su primera derrota parlamentaria, ya que hasta 50 diputados de su partido habían amenazado con rebelarse.
A última hora, el Ejecutivo laborista consiguió recabar suficiente apoyo entre sus filas y las de algunos partidos minoritarios, como el DUP de Irlanda del Norte, para imponerse al bloque de la oposición.
El Partido Conservador y el Liberal Demócrata rechazaron una propuesta que consideran coarta las libertades civiles e, incluso, que puede tener el efecto contrario al que se propone si es utilizada como propaganda para reclutar a islamistas.
Para asegurarse el apoyo de los suyos, el Gobierno hizo importantes concesiones, como garantizar salvaguardas parlamentarias y judiciales a la aplicación del nuevo plazo de detención y prometer indemnizaciones a los sospechosos que resulten exonerados.
El Gobierno argumenta que sólo en casos "graves y extraordinarios" los agentes necesitan más días que los 28 actuales para poder investigar a sospechosos de terrorismo antes de presentar cargos, ya que su manera de operar, mediante internet y desde varios países, es cada vez más sofisticada.
Apoyaban la propuesta, entre otros, la Policía Metropolitana de Londres (Scotland Yard), los responsables policiales de la lucha contra el terrorismo y antiguos cargos del servicio de espionaje MI6.
Sin embargo, el actual jefe del MI5 (contraespionaje), Jonathan Evans, se había distanciado públicamente de la iniciativa, mientras que expresaron su oposición el director de procesamientos públicos, Ken McDonald, el antiguo fiscal del Estado Peter Goldsmith, y las ONG defensoras de los derechos, como Amnistía Internacional y Liberty.
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