La difícil aplicación del alentador pacto entre Morales y los gobernadores

La Paz.-  El pacto preliminar alcanzado entre el presidente Evo Morales y los gobernadores regionales para solucionar los conflictos políticos en Bolivia es alentador pero será difícil ponerlo en práctica, afirmaron hoy varios políticos y analistas.

"Lo extraordinariamente positivo es que ya se conocen los mecanismos para ir buscando soluciones", comentó el analista político Carlos Cordero a varios medios locales.

Por su parte, el jefe de la fuerza centrista Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, expresó en un comunicado su satisfacción porque de la reunión entre Morales y los nueve (prefectos) gobernadores, que concluyó en la madrugada de hoy tras once horas de debate, salió una "declaración de apertura para discutir acuerdos".

El encuentro finalizó con tres principios de acuerdo, como los define el Gobierno, o bases para el diálogo como prefieren denominarlo los opositores: revisar los temas conflictivos del proyecto de nueva Constitución, avanzar en los procesos autonómicos y crear un fondo económico para compensar a las regiones.

Sin embargo, Doria Medina aclaró que se requerirá "mucha voluntad política y tolerancia" para superar la crisis política enquistada en el país desde hace varios meses.

"Ya es un comienzo que se hayan sentado juntos" Morales y los prefectos, seis de ellos opositores, opinó la analista Ximena Costa en entrevista con la radio Panamericana, aunque criticó que el "diálogo político" que el país reclama "se quiere derivar a un debate técnico".

De hecho, una comisión formada por técnicos del Gobierno y de las regiones se reunirá mañana en La Paz para seguir avanzando en las bases del pacto nacional que se busca y, el próximo lunes, Morales y los prefectos celebrarán otro encuentro para evaluar las conversaciones.

"Todavía le falta al Gobierno abandonar su soberbia y darse cuenta de que no se trata de defender posiciones, sino de encontrar soluciones a la crisis de manera concertada", sostuvo Costa.

El Gobierno "no va a durar tres años más con la mitad del país en contra", vaticinó la analista al recordar la fuerte oposición que existe al proyecto de nueva Constitución impulsado por Morales y que todavía debe ser sometido a referendo.

Ese texto, que fue aprobado en Oruro por la Asamblea Constituyente el pasado 9 de diciembre, es rechazado por los partidos opositores y por líderes políticos y cívicos de seis de las nueve regiones del país por supuestas ilegalidades cometidas durante su elaboración y votación.

El pacto preliminar alcanzado entre Morales y los prefectos establece que se hará "una revisión de aquellos temas que crearon conflicto" en el proyecto constitucional, adelantó hoy el portavoz presidencial, Alex Contreras.

No obstante, las divergencias salen a flote cuando políticos oficialistas y opositores son consultados sobre cómo poner en práctica esa revisión del proyecto.

El asambleísta Carlos Romero, del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo a Efe que para llegar a consensos no es necesario "volver atrás" ni "modificar" la propuesta de nueva Constitución.

A su juicio, lo que se debe hacer es "concertar" las leyes que desarrollarán temas puntuales como las autonomías departamentales, pero tomando de referencia el nuevo marco constitucional.

Por contra, el senador Carlos Borth, de la alianza opositora conservadora Poder Democrático y Social (Podemos), declaró a Efe que hay una gran cantidad de temas que, tal como están redactados en la nueva Constitución y en los estatutos de autonomía, "resultan sencillamente incompatibles".

Los estatutos son promovidos por las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, todas ellas opositoras, que votaron por el "sí" a la autonomía en un referendo en julio de 2006 en el que el "no" ganó a nivel nacional.

Según Borth, son la Asamblea Constituyente y el Parlamento quienes deberían ponerse a trabajar en las posibles modificaciones al proyecto de nueva Carta Magna.

Sin embargo, el senador apuntó que hay que ser "realistas" y tener en cuenta que son necesarias "condiciones especiales" para que la fuerza mayoritaria, el gubernamental MAS, acepte revisar un texto ya aprobado.