Santa Cruz de Tenerife.- El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, presentó hoy en el Parlamento autonómico el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010, que son "los más difíciles de la historia autonómica" y conllevan "un ajuste severo" en las cuentas públicas.
El presupuesto prevé un gasto de 7.495 millones de euros, un 4,2 por ciento menos que en 2009, y, pese a que habrá reducciones en todas las áreas, la prioridad será el mantenimiento en la calidad de la prestación de los servicios sociales básicos, como sanidad, educación y políticas sociales, dijo el vicepresidente.
Las previsiones del Gobierno de Canarias para 2010 señalan que el Producto Interior Bruto (PIB) caerá en 2010 un 0,4 por ciento (-3,9 por ciento en 2009), el desempleo subirá un 3,2 por ciento hasta una tasa de paro del 27 por ciento (frente al aumento del 55,2 por ciento y una tasa del 26,2 por ciento en 2009) y el Índice de Precios al Consumo subirá un 1,5 por ciento (con una caída prevista a final de 2009 del 0,9 por ciento).
Soria explicó que la reducción presupuestaria se plantea en un contexto de debilitamiento de la actividad económica, y pese a que hay una perspectiva de reanimación en 2010, la recuperación ofrece dudas y en todo caso será lenta e insuficiente para crear empleo.
"Ninguno nos vamos a ir de rositas de esta crisis, todos vamos a tener un coste", dijo Soria refiriéndose a los responsables políticos de todas las administraciones públicas, y en particular a los presidentes de los cabildos, que reclaman más fondos al Ejecutivo regional, porque "el esfuerzo de ajuste es para todos".
El ajuste en el gasto, dijo Soria, se guía por criterios de austeridad, racionalización y eficiencia, de manera que los recortes en educación, sanidad y políticas sociales sólo afectan a gastos administrativos, pero nunca a la prestación de servicios, aseguró.
También dijo que los presupuestos son "solidarios" con las corporaciones locales, ya que su financiación sube en 500 millones de euros.
En gastos por políticas, el recorte en la administración general es del 10,7 por ciento, en justicia y seguridad de un 4,3 por ciento, en servicios sociales (sanidad, educación empleo, acción social y vivienda) un 0,5 por ciento y en desarrollo de sectores productivos un 10,8 por ciento.
Sin embargo, suben las políticas sobre el territorio (infraestructuras, transportes, agua...) un 0,5 por ciento y los recursos para cabildos y ayuntamientos un 13,4 por ciento.
En el presupuesto por capítulos, los gastos de personal bajan un 1,7 por ciento, los gastos corrientes un 4,8 por ciento, en inversiones reales un 11,5 por ciento y en transferencias de capital hay una subida del 0,6 por ciento.
Para la ejecución de posibles sentencias indemnizatorias no hay partidas previstas, sino que en caso de que la Comunidad Autónoma tenga que pagar se producirán retenciones de crédito, como ha ocurrido recientemente con los 33 millones de euros abonados por el caso de Montaña Rayada.
Soria justificó el recorte en la inversión pública, que se queda en 1.208 millones de euros en 2010, en la necesidad de dar prioridad al mantenimiento de los servicios públicos esenciales.
El vicepresidente señaló que también habrá recortes en el sector público empresarial y se va a hacer un análisis de las remuneraciones que se pagan en las empresas públicas, con vistas a igualar los sueldos a los que se perciben en la administración.
En el área de los ingresos, no va a haber subidas de impuestos ni actualización de tasas, pese a la previsión de reducción de recaudación en el impuesto de actos jurídicos documentados (-14 por ciento), tasas de juego (-22 por ciento), combustible (-1,4 por ciento), IGIC (-22,5 por ciento), matriculaciones (-51,6 por ciento) y AIEM (-4,5 por ciento).
Los ingresos por el fondo de suficiencia del Estado caerán un 8,4 por ciento y por el tramo autonómico del IRPF un 17,9 por ciento, aunque habrá 353 millones adicionales por la moratoria de dos años autorizada por el Estado en la devolución por la liquidación del IRPF.
En los ingresos también se contabiliza el 2,75 por ciento de déficit público del PIB autorizado para las comunidades en 2010, un total de 1.208 millones de euros.
En conjunto, los ingresos por el sistema de financiación estatal bajan un 10,9 por ciento, por tributos propios y REF un 24 por ciento menos y por fondos europeos un 28,4 por ciento menos, mientras que suben un 14,9 por ciento las transferencias corrientes del Estado y un 13 por ciento las transferencias de capital del Estado.
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