Bogotá.- El acuerdo militar firmado hoy por Colombia y Estados Unidos deja al país andino en condición de cooperante del norteamericano, que decidirá las tareas que se deban realizar, según lo concluyó el Consejo de Estado en un estudio jurídico divulgado por el diario bogotano El Espectador.
El tribunal de la justicia contencioso administrativa consideró que dicho carácter hace que el compromiso sea desequilibrado en las obligaciones que de manera unilateral asume Colombia.
El llamado "Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad" fue suscrito en Bogotá por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jaime Bermúdez, y el embajador estadounidense en este país, William Brownfield.
En virtud de este documento, que se añade a uno suscrito en 1974, los estadounidenses podrán tener acceso a por lo menos siete bases y otro número indeterminado de unidades colombianas, y gozarán de inmunidad, según detalles divulgados previamente por las partes.
Sin embargo, el estudio del Consejo de Estado divulgado por El Espectador llama la atención sobre que en el acuerdo, que no excluye la firma de uno o más "pactos de implementación" en el futuro, "se habla del uso y acceso de las bases militares, sin determinar la forma y límites de los mismos".
En este sentido, la Sala Plena de este tribunal consideró que el acuerdo debía delimitar de manera clara los "procedimientos para la entrada, sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves".
El Consejo de Estado también advirtió que no es conveniente para el país que sea discrecional de Estados Unidos "la participación de observadores aéreos de terceros países" en Colombia.
Asimismo, considera que "no se vislumbra una razón válida para que Estados Unidos pueda establecer estaciones receptoras por satélite de difusión de radio y televisión, sin trámite o concesión de licencias y sin costo alguno".
El alto tribunal hizo igualmente observaciones a la inmunidad asegurada para los estadounidenses que sean destacados en Colombia, unos 1.400, de los cuales 800 serán militares y los otros 600 contratistas civiles.
Es "imperioso" renegociar los términos de la inmunidad, según el estudio del Consejo de Estado, que consideró que el acuerdo debía ser revisado por la Corte Constitucional, lo mismo que discutido y aprobado por el Congreso.
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