Puerto del Rosario.- La presidenta de Coalición Canaria, Claudina Morales, ha dicho hoy a Efe que cree que había "una intencionalidad política" en la querella contra ella por las licencias de Majanicho, archivada ahora por el juez, porque fue presentada "en plena campaña a las elecciones europeas", a las que concurrió.
La ex alcaldesa del municipio de La Oliva expresó su satisfacción por la decisión del juez de archivar provisionalmente la causa abierta contra ella, por la que se la implicaba en un supuesto delito de prevaricación relacionado con la denegación de licencias de construcción en la urbanización Origo Mare en Majanicho.
Tras asegurar que este asunto le ha causado "un gran malestar", afirmó que "no deja de ser paradójico" que la querella "solamente" se dirigiera contra ella.
En este sentido ha recordado que la actual corporación del Ayuntamiento de La Oliva, liderado por la socialista Rosa Fernández tras un pacto con Domingo González Arroyo, encargó un informe en 2008 para responder "a todas las dudas que tenían sobre la tramitación de las licencias a Origo Mare y sobre una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que invalidaba el Plan Parcial".
"No quiero darles responsabilidades a ellos porque no creo que las tengan", ha asegurado Morales, sino "poner de manifiesto que la concesión de las licencias estaba sujeta a muchas dudas".
La presidenta de CC ha hecho también referencia al caso de La Capellanía, una urbanización ubicada en Corralejo, en la que muchos propietarios se han visto obligados a hacer frente al pago de servicios básicos, tras dejación por parte de la promotora.
Una situación que técnicos y ediles de la corporación, presidida entonces por Morales, intentaron evitar asegurando que antes de la concesión de las licencias de las viviendas estuvieran garantizados los servicios básicos.
"Venimos con una experiencia en el municipio que nos hace ser más estrictos a la hora de velar por los intereses de los vecinos y vecinas", ha dicho la ex alcaldesa de La Oliva, quien ha recordado que las licencias se otorgaron, finalmente, en febrero de 2009 tras dictarse una sentencia firme del juzgado por silencio administrativo.
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