Bogotá.- Los principales jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron condenados hoy en ausencia a 40 años de prisión por la matanza de siete personas en el 2000, informaron fuentes judiciales.
Entre los afectados figura Guillermo León Sáenz, alias "Alfonso Cano", quien relevó en la comandancia general al máximo líder y fundador de la principal guerrilla colombiana, "Manuel Marulanda" o "Tirofijo", cuyo verdadero nombre era Pedro Antonio Marín.
Asimismo, la sentencia afecta a otros nueve integrantes de la cúpula de la organización rebelde por la masacre de siete personas, entre ellas dos miembros de una reconocida familia de políticos del sureño departamento del Caquetá.
Un juez de Florencia, capital de Caquetá, acogió las pruebas de la Fiscalía, entidad que demostró la responsabilidad de los encausados "en los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y rebelión, en calidad de coautores", según las fuentes.
La matanza fue perpetrada por miembros de las FARC el 29 de diciembre de 2000 en una carretera cerca del municipio de Puerto Rico, en Caquetá.
Los insurgentes interceptaron los vehículos en los que viajaban Inés Cote de Turbay, su hijo, el congresista Diego Turbay Cote, el arquitecto Jaime Peña Cabrera y los escoltas Edwin Angarita Alarcón y Mail Bejarano Martínez.
También Dagoberto Samboní Uni y el conductor Rafael Ocasiones Llanos.
Todos fueron obligados a descender de los vehículos y puestos en una fila antes de ser asesinados con tiros de gracia.
Las autoridades atribuyen la masacre a miembros de la columna móvil "Teófilo Forero", una de las unidades de elite de las FARC, cuyo segundo al mando.
La decisión del juez afecta, además de "Cano", a Luciano Marín Arango, Noel Mata Mata, Rodrigo Londoño Echeverry, Jorge Torres Victoria, Jorge Briceño Suárez, Milton de Jesús Toncel Redondo, José Benito Cabrera, Robinson Matiz Cubides y Hermer Triana.
Triana, alias "Patamala", segundo al mando de la columna "Teófilo Forero", precisamente murió el domingo pasado durante una operación policial en los límites de los departamentos de Caquetá y Huila, en el suroeste del país.
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