Quito.- La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y el Gobierno lograron hoy un acuerdo por el que trabajarán conjuntamente en la elaboración de un nuevo decreto para designar a las autoridades de educación intercultural bilingüe (español-quechua).
En una reunión entre la Conaie, el ministro de Educación, Raúl Vallejo, y la secretaria de Pueblos, Doris Solíz, las partes consiguieron un pacto para el nombramiento de directivos educativos, una de las inquietudes que llevaron a los indígenas a protagonizar un levantamiento durante los últimos días de septiembre pasado.
Antes de comenzar la cita, Humberto Cholango, uno de los líderes de la organización indígena, reclamó que la educación "tiene que estar en manos de las comunidades" y afirmó que ya "basta de cuotas políticas", recogieron los medios locales.
Marlon Santi, presidente de la Conaie, afirmó que los pueblos indígenas quieren participar en "la reglamentación (educativa que) tiene que hacerse tanto por parte de las nacionalidades como del Ministerio".
La secretaria de Pueblos señaló que "la idea" del Gobierno es que las autoridades se designen por "concurso de oposición y méritos" para "que ganen los mejores" y que "la meritocracia se instale en toda la educación".
Al finalizar el encuentro, los representantes indígenas destacaron que se logró la conformación de una comisión que elabore un nuevo decreto para "contener la designación de los directores nacionales y provinciales de educación intercultural bilingüe con el concurso de pueblos y nacionalidades".
Según explicó el ministro de Educación, ese concurso será "abierto", aunque precisó que "por razones que se especificarán en el decreto, el ministro tendrá para sí la facultad de libre remoción de los funcionarios".
El Gobierno argumenta que antes, como la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe no estaba bajo la rectoría de las políticas del Gobierno, no existía ningún control sobre los textos escolares indígenas y los contenidos académicos, a los que ha calificado como de mala calidad.
Por ello, diseñó un plan que desembocó en el decreto 1585, que fue criticado por las comunidades por considerar que no contemplaba su participación en la gestión educativa intercultural.
Después de las protestas indígenas, que se saldaron con un manifestante fallecido y unos 40 policías heridos, el Gobierno y la Conaie comenzaron un proceso de diálogo en el que, en diferentes mesas de trabajo, estudiaron los desacuerdos en varios temas.
Los delegados de ambas partes trabajan, entre otros aspectos, sobre un proyecto de Ley de Recursos Hídricos, que las comunidades temen que privatice la gestión del agua, y sobre una Ley de Minería, que los indígenas consideran que puede atentar contra el medio ambiente, ambos argumentos negados por el Ejecutivo.
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