Rodeada de ejecutivos, Elena Salgado ha suavizado hoy su discurso habitual sobre la necesidad de controlar las remuneraciones de los altos cargos del sector financiero, al que no se cansa de señalar como culpable de la crisis económica, excepto esta mañana. Su postura, más blanda que de costumbre, sorprendía en el Foro de Cinco Días, justo cuando en EEUU el Gobierno ha decidido meter mano, por lo pronto y tras un año amenazando, a los ingresos de los 25 directivos de siete de las empresas rescatadas con capital público. El anuncio de que el banco de inversiones Goldman Sachs ha triplicado sus beneficios y pagará un bonus a sus empleados mayor que el del año pasado ha sido la gota que ha colmado el vaso de la deprimida realidad de millones de estadounidenses y el detonante de una medida que en el mundo empresarial estadounidense se ha recibido con alarma.
"Los barcos se quedarán sin capitán si los gestores no cobran lo que les corresponde", es el mensaje que se está lanzado desde los medios económicos. Ken Feinberg, el hombre al que Obama ha encomendado supervisar los salarios de las empresas que han puesto el cazo a papá Estado vía Programa de Ayuda para Activos con Problemas (TARP, siglas de Troubled Asset Relief Program), se ha convertido en una especie de demonio para los financieros. Claro que ese tipo de terror carece de efectos en el ciudadano medio que ha tenido que comulgar con la pérdida de poder adquisitivo.
No parece probable que se produzcan manifestaciones pidiendo que a los pobres directivos que están tratando de poner orden en AIG, Citigroup, Bank of America, General Motors, Chrysler y otras divisiones financieras no se les reduzca el sueldo. Una situación que tampoco contaría con protestas en España dado que ni tan siquiera los más de cuatro millones de parados o los trabajadores a los que se está bajando el sueldo con la complicidad de los sindicatos, se han movilizado para defender sus derechos.
"Medidas de carácter cuantitativo es fácil ponerlas en práctica cuando las entidades han recibido ayudas públicas. En Europa las medidas serán más cualitativas, buscando que las remuneraciones sean más transparentes y se adecuen a objetivos a medio plazo. Las conversaciones que se desarrollan dentro del Pacto de Estabilidad nos darán la pauta a seguir". Poco queda en las palabras de la vicepresidenta económica de las enérgicas intenciones con que regresó de la reunión del Ecofin a principios de septiembre: "Los países estamos haciendo esfuerzos, parece razonable que ese esfuerzo también se pida a quienes están en un sector que está en el origen de la crisis y con actuaciones que no siempre han estado de acuerdo con la ética". Ni rastro tampoco del discurso de la semana pasada en el Congreso durante el debate de Presupuestos: "Porque ha sido la reacción enérgica y concertada de los gobiernos, con los recursos que los ciudadanos han puesto en sus manos, la que ha hecho frente a la crisis provocada por el descontrol de los mercados financieros, desprovistos de los mecanismos de regulación adecuados". Una batalla que no parece compartir con nadie más en el seno del Ejecutivo.
El sector financiero patrio puede estar tranquilo porque solucionar las fusiones pendientes entre las cajas de ahorro se ha convertido en la máxima prioridad, por delante de limitar las retribuciones astronómicas de sus directivos. Antes de final de año los fondos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) deben haber comenzado a circular para impulsar los matrimonios de conveniencia. "Son las propias entidades las que tienen que decidir cuándo poner en marcha el proceso. Pero si están pensando en la fusión, deberían abordarlo cuanto antes", ha asegurado hoy Salgado.
La vicepresidenta también comparte con el Banco de España la inquietud por la lucha en Caja Madrid."Es inaudito que la lucha de poder en el PP se produzca en el seno de Caja Madrid. Desde el Gobierno esperamos que se solucione pronto para que la entidad continúe siendo lo que fue", ha sentenciado, refiriéndose en pasado al poderío de la segunda caja de ahorros del país. Claro que promover las fusiones no es incompatible con vigilar los incentivos salariales de un sector en el que indirectamente casi todas las entidades se han beneficiado de la inyección pública en avales...
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