MADRID.- La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, ya está preparando con el equipo jurídico que dirige Federico Trillo el código de buenas prácticas que hace una semana anunció Mariano Rajoy para reforzar el "compromiso ético" del Partido Popular, tras la implicación de algunos de sus cargos y militantes en la trama Gürtel, informaron a Europa Press fuentes 'populares'.
Con estas reglas de conducta, que se aprobarán en el Comité Ejecutivo Nacional que se celebrará en noviembre, el primer partido de la oposición quiere potenciar la transparencia y el compromiso de ejemplaridad de los miembros del PP que ocupan puestos en diferentes administraciones. Entre otros aspectos, regulará cómo deben actuar los altos cargos cuando reciben regalos.
El Partido Popular quiere ir con este código ético más allá de lo legalmente exigible, ya que, el objetivo es aumentar el control y evitar que sus responsables públicos incurran en comportamientos que, aunque están permitidos por ley, son dudosamente éticos, indicaron las mismas fuentes.
En este sentido, esas buenas prácticas harán hincapié en principios éticos como la transparencia, la lealtad, la responsabilidad o la dedicación a las tareas públicas, de forma que no se produzca ningún tipo de colisión entre los intereses particulares y los intereses públicos.
EL DEBATE DE LOS REGALOS A POLÍTICOS.
La polémica creada con el llamado 'caso de los trajes' que implicó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, abrió el debate sobre los regalos a políticos, ante la posibilidad de que detrás de alguna de esas dádivas que reciben los cargos públicos pueda haber algún delito de cohecho.
La discusión volvió a estar encima de la mesa con las conversaciones que recogía un informe policial sobre el 'caso Gürtel' y en las que se insinuaba que Ricardo Costa, ahora ex secretario general del PP valenciano, habría recibido un reloj y un coche de lujo de la trama de corrupción. Sin embargo, Costa aportó documentos para demostrar que había pagado el vehículo.
Con el fin de evitar cualquier sombra de sospecha, el Partido Popular quiere impulsar un código de buenas prácticas, que recogerá comportamientos "éticamente reprobables" relativos a la recepción de viajes o de regalos que superen determinada cuantía.
Ese documento también incidirá en la transparencia del sistema de gestión interna del PP. El propio Rajoy explicó hace una semana que a partir de ahora intentará enterarse de quien está detrás de las organizaciones de los actos del partido para que en el futuro no se repitan episodios como los de 'caso Gürtel'.
AZNAR IMPULSÓ UN CÓDIGO SIMILAR EN 1993.
El nuevo texto que está preparando Ana Mato guardará similitudes con el que en 1993 impulsó José María Aznar, entonces presidente nacional del PP, a raíz de los casos de corrupción que salpicaban a la administración de Felipe González.
Aquel código ético de Aznar aseguraba que, más allá de las normas jurídicas, subyace en toda democracia un compromiso ético entre gobernantes y gobernados que exige a los primeros "especial dedicación a las tareas públicas que se le ha encomendando en defensa de los intereses públicos y, en fin, con plena transparencia en el desempeño de sus funciones y con absoluta disposición a asumir las responsabilidades que contraiga en el ejercicio de su cargo".
Ese compromiso ético para recuperar la vida pública enumeraba una serie de medidas que había que cumplir para garantizar la lealtad al partido, el principio de plena transparencia en la dedicación a la tareas públicas y la exigencia de responsabilidades políticas "si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito".
En caso de incumplimiento, el código de 1993 asumía el compromiso de abrir una comisión de investigación interna para esclarecer los hechos. Además, afirmaba que sería motivo de expulsión inmediata del PP "la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros".
Los Estatutos que el partido aprobó en junio de 2008 en el XVI Congreso Nacional que se celebró en Valencia incluyeron ese compromiso de aumentar el nivel de autoexigencia a los cargos públicos del partido. También incorporaron la suspensión automática de militancia cuando cualquier afiliado sea condenado por un delito doloso en sentencia firme, sin que en ese caso sea necesario que el Comité de Derechos y Garantías del PP lo apruebe.
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