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El sentido común de los políticos: los jamones no se devuelven

  • La pura lógica es el criterio que esgrimen a la hora de decidir si se devuelve un 'detalle'
  • En los partidos no está regulado qué se acepta y qué no como presente
  • Sólo el Código de Buen Gobierno, que afecta a altos cargos, entra en el asunto
Por PILAR PORTERO (SOITU.ES)
Actualizado 08-07-2009 23:37 CET

¿Es lo mismo hacerse unos trajes a medida que recibir unas anchoas? ¿Son ambos obsequios igual de reprobables? El código de Buen Gobierno aprobado en 2005 e impulsado por Jordi Sevilla, entonces ministro de Administraciones Públicas, es la única norma en la que se aborda el asunto de los regalos. El propio Sevilla nos lo explica: "El principio general es que no se aceptan regalos, con la excepción de los usos y costumbres. Es decir, si un secretario de Estado o un ministro va de viaje oficial a La Rioja y el Gobierno le obsequia con tres botellas de vino de su finca experimental, se considera dentro de los usos o costumbres, igual que los regalos típicos de Navidad. Yo creo que, aunque es pura lógica, era necesario regularlo y por eso se especificó en el Código de Buen Gobierno", indica. El único inconveniente es que esta guía, en la que se recogen las recomendaciones de organismos internacionales y las mejores prácticas del sector privado, sólo afecta a los altos cargos del Gobierno y la Administración.

El ex ministro, no obstante, considera que incluso la conveniencia de aceptar este tipo de obsequios es también discutible, "y entre los criterios a tener en cuenta hay que valorar si el regalo es personalizado o institucional", advierte. Jaime García Legaz, secretario general de FAES, la fundación del PP que preside José María Aznar, también echa mano del mismo código. "Si es razonable que un alto cargo de la Administración cumpla con una exigencia de transparencia y rendición de cuentas, sería lógico que este mismo patrón se aplique en los partidos políticos, cuyos altos cargos se equiparan a los públicos", considera García Legaz. Y es que los trajes de Camps, un presente que el presidente de la Generalitat Valenciana jamás ha reconocido, es un auténtico regalo envenenado. La propia Rita Barberá, tratando de justificar a su colega y comparando las anchoas que el presidente cántabro lleva a Zapatero cada vez que se planta en Moncloa, no ha hecho más que asumir la evidencia de los regalos. Claro que quien esté libre de las famosas anchoas de Revilla, que tire la primera piedra, porque hasta Camps y Rajoy han sido agasajados con ellas. La intención, más que comprar a los políticos, era promocionar un producto tan emblemático de su tierra. Una cosa es el chovinismo y otra el cohecho.

Preguntamos a los políticos, en el Congreso, si en el partido hay alguna norma acerca de los regalos y cuál es su opinión personal al respecto. "Lo que dicta el sentido común" resulta ser el criterio más extendido a la hora de decidir si se devuelve el 'detalle'. Gaspar Llamazares, diputado de IU, recuerda que "la pasada Navidad una empresa interesada en un proyecto de ley que estábamos debatiendo en ese momento nos mandó un número de lotería. Se lo devolvimos porque no procedía. Yo, como soy médico, me guío por la regulación que existe en ese sector. Un bolígrafo de merchandising, una tableta de turrón... lo acepto. Pero un regalo personal caro, no. Desde luego no aceptaría trajes, ni iría a probármelos", asegura. En los partidos existen códigos éticos pero no contienen referencias específicas sobre cómo comportarse con los obsequios. Joan Ridao, de Esquerra Republicana, asegura que no acostumbra a coger ningún regalo, aunque no tiene muy claro cómo lo aborda el código ético del partido: "desde luego están prohibidas las percepciones económicas por participar en conferencias o en actos y, en el caso de los regalos, estoy a favor de rechazarlos".

En el informe sobre la democracia en España 2008, después de analizar los estatutos y los códigos éticos de PP y PSOE, se concluye que "se echa en falta una competición en los partidos por demostrar a los ciudadanos cuál de ellos se toma más en serio la corrupción. Tanto en el campo de la autorregulación de las incompatibilidades entre tareas privadas y públicas, como en los conflictos de interés en la toma de decisiones o incluso en la aceptación de regalos, podrían avanzar mucho más para presentar una posición más creíble cuando se denuncian las irregularidades de los demás". Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la universidad Rey Juan Carlos que ha estudiado la corrupción desde diversos ángulos, aseguraba ayer en un coloquio titulado '¿Nos importa la corrupción?', organizado por el Aula de Debate de Alternativas, que "para diferenciarse no hace falta atacar al contrario". "Eso no diferencia al PSOE del PP. La diferencia sería aprobar una norma sobre el límite en la recepción de regalos porque lo importante es poner en marcha medidas concretas".

Para empezar, la mayoría de los políticos no conoce en profundidad los códigos éticos de su propio partido y por lo tanto, se guían por "sentido común y la pura lógica". Eso es lo que reconoce aplicar Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz popular en el Congreso o Cristóbal Montoro, responsable económico del PP. "Lo dicta el sentido común —responde Montoro contrariado—. Pero con el pedazo de crisis que tenemos encima, lo que hay es que centrarse y situar cada cosa en su contexto". Otra veterana diputada 'popular' asegura que "todos los políticos de este país han practicado el cohecho pasivo". Sin embargo, unos cuantos, a falta de regalos, carecen de conflictos éticos. Eduardo Madina, secretario general del grupo parlamentario socialista, es uno de ellos."No sé qué dice al respecto el código ético. Nunca me han regalado nada, y menos una trama corrupta, así que no tengo filosofía al respecto", confiesa. José Andrés Torres Mora, sociólogo y uno de los diputados socialistas más próximos a Zapatero, es también de los fans del sentido común, pero añade que "quienes regalan saben bien a quién hay que enviar el obsequio". En el Congreso cualquier paquete queda rápidamente identificado. Primero pasa por el escáner de la policía, luego los ujieres comprueban que es apto para hacerlo llegar a su destinatario, y por último, los repartidores lo entregan al político o a su asistente. Los ujieres aseguran que "Navidad es el periodo del año en el que se reciben más. Los demás meses, es anecdótico".

Josep Sánchez i Llibre, de CiU, no tiene reparos en admitir que "si me mandan un detalle lo acepto. A ver qué va a ser esto. El presidente del Congreso me manda un jamón en Navidad y no se lo devuelvo". Un pernil fue precisamente muy comentado las pasadas fiestas. En plena crisis, la tradicional cesta con que el Congreso homenajea a sus diputados resultó obscena para algunos. Aunque a sus señorías les incomode el asunto, lo cierto es que la ciudadanía extrae sus propias conclusiones. Por mucho que en las recientes elecciones europeas no se haya sentido el efecto de los supuestos casos de corrupción que están en manos de la justicia, los sociólogos consideran que todavía es pronto pues la reacción del electorado es lenta. "Al final, en los noventa, los escándalos en torno al PSOE provocaron una erosión y acabó pagando un coste electoral fuerte. Respecto al PP, aún no ha pasado el tiempo suficiente desde que estos casos han salido a la luz. Habrá que ver cuál es la reacción del partido ante las acusaciones, si decide cortar cabezas, puede que los votantes les apoyen", reflexionaba en el coloquio de Alternativas, Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor de sociología de la Complutense.

Los políticos no siempre saben cómo manejar el característico cinismo de los ciudadanos españoles y la ambivalencia con que les observan. Una mirada ácida que preocupa a una parte de políticos concienciados que sienten cómo crece el desapego con cada nuevo caso de corrupción. En el último barómetro del CIS los españoles aseguran estar preocupados con la corrupción, pero cuando se les pide que se enumeren los cinco problemas que más les desvelan, no lo citan. De hecho, desde el año 97, la corrupción no figura entre la lista de problemas graves. Quizá es que más de un ciudadano no tiene tan claro cómo actuaría él en caso de que tuviera capacidad para administrar el poder.

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