La Unión Europea impulsa un sistema común de garantías procesales

Luxemburgo.-  La Unión Europea (UE) impulsa un sistema común de garantías procesales que proteja mejor a los ciudadanos comunitarios detenidos en procesos penales en otros países de la UE.

Los ministros comunitarios de Justicia e Interior acordaron una hoja de ruta que detalla la forma en que se va a elaborar ese sistema: un documento que reconoce la necesidad de esas garantías, que se estudiarán y aprobarán una a una.

El primer paso de esa hoja de ruta también se dio hoy, con una decisión marco sobre el derecho a que los ciudadanos comunitarios acusados en otro país de la UE tengan derecho a la traducción e interpretación en su propia lengua.

"Es algo muy importante", destacó el ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, quien recordó que la información jurídica ya es "difícil" en la lengua materna, por lo que puede serlo aún mucho más en otro idioma.

Caamaño recalcó que lograr una garantía común en este sentido para todos los ciudadanos europeos "es un buen paso".

El próximo jalón de este sistema será la armonización del derecho de información de los detenidos, que se espera aprobar durante la presidencia española de la UE que comienza el 1 de enero próximo, explicó el ministro.

La ministra sueca de Justicia, Beatrice Ask, cuyo país preside actualmente la Unión Europea, consideró que el mecanismo acordado supone "un buen equilibrio" entre las medidas represivas y la garantías de los derechos de los ciudadanos.

Los otros elementos del sistema que se quiere aprobar más adelante son la garantía al consejo y la ayuda legal; a la comunicación con autoridades consulares, familiares y empleadores, y las salvaguardias especiales para sospechosos y acusados considerados vulnerables.

"Los ministros están de acuerdo en tomarse en serio los derechos individuales", añadió Ask, quien destacó que "hoy es un gran día" para esos derechos, si bien reconoció que la UE debería haber contado con un sistema de garantías de este tipo desde hace tiempo.

La Unión Europea comenzó a debatir está cuestión en 2004, cuando la Comisión presentó una propuesta global, que se debatió largo tiempo hasta que en 2007 se llegó a la conclusión de que no podía conseguirse un acuerdo.

Por ello, la presidencia sueca cambió de estrategia y planteó en julio que cada uno de los elementos se tratara por separado a fin de solucionar mejor las diferencias entre los Veintisiete.

El Consejo de Ministros de hoy también aprobó la llamada orden de supervisión a nivel europeo.

De esta forma, un ciudadano de la UE detenido en otro país comunitario por delitos leves no tendría que estar sometido a una medida cautelar mientras espera el juicio, a fin de evitar su posible fuga, ya que su país de origen garantizará que se presente al juicio.

Con esta medida, se evitarían casos como el de los dos jóvenes españoles que en 2007 estuvieron 19 días detenidos en Letonia por ultraje a la bandera de ese país.

"Es un paso muy importante para los ciudadanos dentro de Europa", consideró el ministro de Justicia.

La UE también aprobó hoy formalmente dos acuerdos con Estados Unidos para la extradición y la asistencia mutua en cuestiones legales, dos textos que comenzaron a negociarse tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Una delegación comunitaria, integrada por la presidencia sueca, la próxima presidencia española y el comisario Jacques Barrot, visitará Washington la próxima semana para estudiar cómo incrementar la cooperación entre la UE y EEUU en materia policial y judicial.

Los ministros españoles de Interior y Justicia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Francisco Caamaño, integrarán esa misión europea, durante la cual también expondrán a los responsables correspondientes de Washington los objetivos de la presidencia española de la UE, unos de cuyos principales objetivos es precisamente el incremento de la cooperación con EEUU.