Bruselas.- La Unión Europea (UE) dará hoy el primer paso para poner en marcha un sistema común de garantías procesales para los ciudadanos acusados en procesos penales en otro país comunitario.
El consejo de ministros comunitario de Justicia e Interior acordará el programa de desarrollo del sistema, que comenzará con una primera propuesta de la Comisión Europea (CE) para garantizar el derecho de los acusados a la interpretación y la traducción a su lengua.
Los ministros avanzarán hoy en esa propuesta, que podría aprobarse antes de fin de año, y se espera que parte del resto del programa se apruebe bajo la presidencia española de la UE que comienza en enero.
"Va a ser una cuestión importante en la presidencia española", señalaron fuentes diplomáticas, que reconocieron que la garantía de la traducción y la interpretación en algunos países afronta el problema de los costes.
Otras garantías que se prevé aprobar bajo presidencia española incluyen el derecho a un abogado, así como a ser informado de la acusación y del tipo de procedimiento al que se somete a los acusados.
El objetivo del sistema común de garantías procesales es asegurar que los ciudadanos de la UE reciben un juicio justo cuando son sometidos a procedimientos penales en otro país comunitario.
Los Veintisiete países de la Unión ya garantizan en general estos derechos, pero de manera muy distinta entre ellos, por lo que hay que establecer catálogos comunes.
La UE ya intentó hace años armonizar estos derechos, pero una primera propuesta general de la Comisión fue rechazada en el Consejo, por lo que el Ejecutivo comunitario ha optado por presentar propuestas individuales para cada punto, un método mejor acogido por los Estados miembros.
El Consejo de Ministros se celebrará en Luxemburgo con la asistencia prevista de los titulares españoles de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Justicia, Francisco Caamaño.
La reunión también dará hoy su aprobación formal a un acuerdo de extradición con EEUU, que se dirige fundamentalmente a cuestiones terroristas y comenzó a negociarse tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Además, se estudiará la situación creada por Canadá después de que ese país comenzara a exigir visado a los ciudadanos checos, un motivo por el que la CE ha amenazado con proponer una medida recíproca para los diplomáticos canadienses.
Los ministros también examinarán de nuevo los retrasos en el nuevo Sistema de Información Schengen (SIS II), una enorme base de datos con información biométrica sobre las personas con antecedentes policiales en la UE, que está acumulando varios años de retraso debido a problemas técnicos.
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