Bogotá.- Unos 23 pueblos indígenas del sureste colombiano se encuentran en peligro de extinción como consecuencia del conflicto armado, explicó hoy a Efe el presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Jorge Rojas.
"Habíamos advertido desde hace cinco años de que el conflicto armado colombiano tendía a expandirse hacia los departamentos del sureste y lamentablemente hoy estamos confirmando que la retaguardia estratégica de las guerrillas se están trasladando hacia la frontera con Brasil", expuso Rojas.
Rojas señaló que en los departamentos afectados, Guainía, Vaupés, Guaviare, Vichada y Amazonas, "más del 60 por ciento de la población es indígena, perteneciente a por lo menos 56 pueblos aborígenes de los que alrededor de 20 están en peligro de extinción como consecuencia de la guerra".
Esta conclusión forma parte del informe "Panorama de los derechos de los pueblos indígenas en el sur oriente colombiano", para el que un equipo del Codhes desarrolló un trabajo de campo durante dos años en la región.
El documento llama pueblos "en vía de extinción" a aquellos que cuentan con menos de 500 habitantes y añade que en ocasiones los asentamientos no llegan a congregar ni a 100 personas.
El presidente de la organización no gubernamental (ONG) atribuyó el riesgo de desaparición de estos pueblos en primer lugar a la confrontación entre el Ejército colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Regularmente ni la guerrilla ni la fuerza pública respeta a la población civil", sostuvo y añadió que los rebeldes suelen irrumpir en los asentamientos indígenas "como un ejército de ocupación y se llevan a los niños y niñas aun en contra de su voluntad".
Ello provoca un grave desplazamiento forzado que en pueblos como el Guayabero (conocido entre los indígenas como Jiw), alcanza un 64 por ciento, por lo que de los 1.118 integrantes de este grupo, 718 han tenido que abandonar sus territorios.
Según el reporte, también los Nukak Makú sufren la tragedia del desplazamiento.
"Esto supone una ruptura total de su identidad, de su entorno colectivo y una manera de acabar con su imaginario cultural", consideró Rojas.
Aparte del ataque a su identidad, la población indígena se enfrenta a un riesgo mayor que afecta a su integridad física, ya que la guerrilla siembra minas antipersonal para delimitar su territorio.
Rojas subrayó que también contribuyen con la extinción de las etnias las empresas extranjeras que inician proyectos mineros en sus resguardos, ya que atacan sus valores espirituales basados en el respeto a la naturaleza y "parecen no tener en cuenta esas realidades sociopolíticas y socio demográficas".
Tanto la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) como Codhes, concluyó Rojas, opinan que "no hay conciencia ni voluntad política del Gobierno para llamar la atención sobre lo que está ocurriendo y hay una gran incapacidad del Estado colombiano para proteger a los pueblos indígenas en medio del conflicto armado".
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