Asunción.- Los presidentes de los tres poderes del Estado paraguayo acordaron hoy aunar los esfuerzos para que se concrete el rescate con vida de un ganadero secuestrado hace seis días por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Esa medida fue adoptada durante la reunión que mantuvieron en sede del Palacio de Gobierno el mandatario paraguayo, Fernando Lugo, y los presidentes del Congreso, Miguel Carrizosa, y del Poder Judicial, Antonio Fretes.
Lugo dijo en rueda de prensa que coincidieron "en que la prioridad coyuntural es aunar los esfuerzos para rescatar con vida a Fidel Zavala", de 45 años y miembro de una conocida familia dedicada a la ganadería en el norteño departamento (provincia) de Concepción, en donde fue secuestrado en la noche del jueves último.
"Para el éxito de este objetivo deberá existir una unidad de mando de quien ejerce el Ejecutivo con el apoyo de los otros poderes", reseñó, además, la Presidencia en un comunicado.
Los titulares de los tres poderes del Estado también acordaron estructurar una "agenda país" en la que abordarán tres temas principales que son: "seguridad ciudadana", "reforma agraria integral" y "lucha frontal contra la corrupción".
Para el efecto, establecieron volver a reunirse dentro de 15 días en la sede del Parlamento.
El encuentro entre Lugo, Carrizosa y Fretes se dio un día después de que el mandatario no descartara una eventual militarización en el noreste del país, específicamente en San Pedro (centro) y su vecino Concepción, este último en la frontera con Brasil, en donde el EPP se ha atribuido varios ilícitos en los últimos años.
El jefe de Estado realizó ese anuncio en medio de las presiones de la oposición, que ha denunciado que el Gobierno ha minimizado el caso Zavala, cuyos captores habrían solicitado 5 millones de dólares para su liberación, según fuentes oficiales.
Entretanto, los familiares del secuestrado pidieron a los organismos de seguridad que se mantengan al margen del caso para facilitar las negociaciones del rescate.
El EPP, una agrupación escindida del izquierdista Partido Patria Libre (PPL), opera en áreas de difícil acceso de Concepción y San Pedro, la región más pobre del país, donde se han atribuido ataques y robos de armas de puestos policiales y militares, además de la quema de tractores de productores agrícolas.
Según las autoridades, los miembros de este grupo han recibido asesoramiento y entrenamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para cometer esos hechos.
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