Palma.- La presidenta del Parlament balear y presidenta de honor de Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, ha sido imputada en el caso de presunta corrupción de Can Domenge, por lo que sus socios parlamentarios del Bloc le piden que piense en su dimisión, mientras UM alega que no afectará al pacto del Govern.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), el magistrado instructor de las diligencias previas abiertas en la Sala Civil y Penal del TSJIB por el llamado "caso Can Domenge", Francisco Javier Muñoz, ha citado a declarar como imputada a Munar el 16 de noviembre.
El diputado autonómico del Bloc Antoni Alorda ha afirmado que la imputación de Munar ha dejado en una situación "insostenible" al Parlament balear que preside, porque no puede ser cesada ni se puede plantear una moción contra ella.
Para el diputado del Bloc y miembro del PSM, Munar debería dimitir como presidenta de la Cámara en caso de que el juez, tras su declaración como imputada el 16 de noviembre, tomara alguna medida cautelar contra ella. "Las medidas cautelares son incompatibles con el ejercicio de la Presidencia del Parlament", ha dicho Alorda.
Para Alorda, la situación procesal de Munar es "ciertamente muy incómoda" y "grave" y ha invitado a los imputados de UM y al PP que ocupaban cargos políticos en la anterior legislatura a hacer una "reflexión personal" y a los dos partidos a llevar a cabo una "reflexión institucional" y reaccionar.
La portavoz de UM, Catalina Julve, ha asegurado que la imputación de Munar no afectará "en ningún caso" a la estabilidad del pacto del Govern balear.
Julve ha comentado que era "previsible" que Munar fuera llamada a declarar por este asunto porque han sido imputados, entre otros, el vicepresidente del Consell y conseller del Territorio en la pasada legislatura, Miquel Nadal y Bartomeu Vicens, respectivamente, cuando Munar era presidenta de la institución.
El portavoz del grupo parlamentario socialista, Antoni Diéguez, ha recordado que la citación de una persona como imputada "no significa que tenga que haber cometido un delito" y "puede ser simplemente para darle más garantías de cara a su declaración y su posible situación procesal".
El TSJIB también ha llamado a declarar el mismo día como imputado al portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca Fernando Rubio, quien ha asegurado que cuando el Partido Popular votó a favor del concurso de Can Domenge no tenía responsabilidad ni capacidad de decisión en la institución insular donde mantenía un pacto de gobernabilidad UM.
"Éramos un grupo político que estaba fuera del gobierno insular y por lo único que nos podíamos guiar era por los informes técnicos", ha dicho Rubio, quien ha detallado que el acuerdo del Consell decía que "el PP tenía el compromiso de dar apoyo a todas las propuestas que venían del equipo de gobierno".
El caso Can Domenge se inició cuando el Grupo Núñez y Navarro presentó en 2007 una denuncia contra el concurso de enajenación de Can Domenge, al que había presentado una oferta de 60 millones de euros por dicho solar de 52.000 metros cuadrados y en el que, sin embargo, el Consell de Mallorca se decantó por otra propuesta de una UTE liderada por Sacresa, de 30 millones.
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