Palma.- El portavoz del grupo parlamentario socialista, Antoni Diéguez, ha declarado, tras la imputación de la presidenta del Parlament y ex presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, por el "caso Can Domenge", que la citación de una persona como imputada "no significa que tenga que haber cometido un delito".
Diéguez ha recordado, en declaraciones a Efe, que la citación de una persona por parte de los juzgados para declarar en calidad de imputado "puede ser simplemente para darle más garantías de cara a su declaración y su posible situación procesal".
"La mera citación a declarar como imputado no significa nada más que eso", ha dicho Diéguez, quien ha añadido que "no significa que su situación procesal ya esté determinada para todo lo que suponga una causa". "A una persona se le puede tomar declaración como imputado y al día siguiente levantarle la imputación, o no", ha puntualizado.
Munar ha sido citada a declarar como imputada el 16 de noviembre a las 10.00 horas por el llamado caso Can Domenge de presunta corrupción urbanística, por parte del magistrado instructor de las diligencias previas de dicha causa en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Francisco Javier Muñoz.
El magistrado del TSJIB también ha llamado a declarar como imputado el mismo día al conseller del PP en el Consell de Mallorca Fernando Rubio.
Diéguez ha asegurado que el grupo socialista en el Parlament respeta "la tarea que se está haciendo" desde el TSJIB que asumió la causa el pasado 5 de octubre, tras inhibirse el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, por estar imputados dos aforados, el conseller de Turismo del Govern, Miquel Nadal (UM), y el diputado autonómico Bartomeu Vicens y ex conseller de Territorio de Mallorca.
Según el portavoz socialista "se tiene que dejar trabajar al tribunal que ha decidido hacer una serie de averiguaciones". En su opinión, posteriormente, cuando avance la causa, se verá "si hay motivos para continuar o no".
Diéguez ha admitido que la imputación de Munar "es un hecho que resulta llamativo para toda la opinión pública y para los ciudadanos".
El caso Can Domenge se inició cuando el Grupo Núñez y Navarro presentó en 2007 una denuncia porque había presentado una oferta de 60 millones de euros al concurso de enajenación de Can Domenge, un solar de 52.000 metros cuadrados y, sin embargo, el Consell de Mallorca se decantó por otra propuesta de Sacresa de 30 millones.
Según un informe de Hacienda encargado por la jueza que inició la instrucción de la causa, el precio de mercado del solar en 2006, año de la venta, era de 57,8 millones de euros, 28,9 millones menos que lo que debía pagar la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sacresa Terrenos Promoción SL y Construcciones Pedro Ferrà Tur elegida por el Consell.
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