Madrid.- El Colegio de Abogados de Madrid se querellará contra el juez Baltasar Garzón y los fiscales que actuaron en la intervención y grabación de conversaciones entre los letrados defensores del "caso Gürtel" y los acusados que están en prisión si la Fiscalía no inicia ningún procedimiento al respecto.
Así lo ha acordado la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, que ha otorgado su amparo a los letrados por la actuación llevada a cabo por el Juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional en la pieza separada de intervención de comunicaciones al considerar que la grabación de conversaciones entre imputados y sus abogados es "intolerable para el derecho de defensa".
La Junta ha pedido al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que depure las responsabilidades en que hayan podido incurrir los fiscales que intervinieron en esa causa al consentir, dice, las resoluciones dictadas por Garzón para la intervención de las comunicaciones de los internos con sus letrados "injiriéndose en la confidencialidad de la relación entre abogado y cliente"".
Por ello, ha dispuesto que el Colegio se persone en los procedimientos que puedan iniciarse a instancias del Ministerio Fiscal sobre esta actuación y, en caso de que no haya ninguno, ha autorizado "desde este momento" la presentación de una querella contra Garzón y los fiscales por la posible comisión de un delito de prevaricación y otro de quebrantamiento del secreto de las comunicaciones.
Estas actuaciones se llevarán a cabo, ha indicado en un comunicado la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las acciones que estimen oportunas ejercitar los ocho abogados que pidieron el amparo al Colegio.
Este órgano trasladará a los presidentes del Consejo General del Poder Judicial, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al fiscal general del Estado su más enérgica protesta por la intervención de las comunicaciones, que considera una quiebra del derecho fundamental de defensa.
Además, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad a cuantas autoridades, instituciones y profesionales participan en el sistema de la Justicia "para la defensa de los principios y valores proclamados en la Constitución".
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