Nueva York.- Human Rights Watch (HRW) pidió hoy a China que informe del destino del millar de detenidos en julio tras los enfrentamientos étnicos de Urumqi (región de Xinjiang) y acepte una investigación liderada por Naciones Unidas para esclarecer lo ocurrido en la peor matanza vivida en ese país en veinte años.
"El Gobierno chino debería dar cuenta inmediata de todos sus detenidos y permitir una investigación independiente", reclamó HRW en un informe difundido hoy sobre lo ocurrido en esa región autónoma occidental china habitada desde hace siglos por uigures.
Los uigures conforman una etnia de lengua turcomana y religión musulmana que hoy representa menos de la mitad de la población de la región, debido a la llegada de colonos chinos.
Las revueltas étnicas ocurridas entre chinos han y uigures el 5 y 6 del pasado julio terminaron con la muerte, según los datos oficiales de China, de al menos 197 personas y más de 1.600 heridos.
"El Gobierno chino dice que respeta el Estado de Derecho, pero nada podría socavar más esa afirmación que sacar a gente de sus casas y hacer que 'desaparezcan' sin que sus familias sepan si están vivos o muertos", aseguró el responsable de Asia en HRW, Brad Adams, en un comunicado que acompaña el informe.
Añadió que "los casos documentados parecen ser solo la punta del iceberg" y recordó que las autoridades judiciales de Xinjiang comenzaron la semana pasada el enjuiciamiento de personas acusadas de haber estado involucradas en aquellas protestas.
Por el momento, y según sus datos, nueve hombres han sido condenados a muerte, tres más a una pena similar con dos años de aplazamiento y uno a cadena perpetua.
La investigación de HRW concluye que el 6 y 7 de julio policías y militares chinos llevaron a cabo redadas a gran escala en áreas de poblaciones uigures de diversas localidades y que éstas se prolongaron en menor escala al menos hasta mediados de agosto.
"Es posible que algunos chinos han también fueran víctimas de 'desapariciones' y arrestos ilegales", aunque HRW no ha logrado información al respecto.
Según los testigos citados en el informe, las fuerzas de seguridad precintaron barrios enteros en busca de jóvenes uigures, separó a los hombres, los arrodilló o tiró al suelo y "al menos en algunos casos" se les golpeó mientras se les interrogaba sobre su participación en las protestas.
"Quienes tenían heridas o magulladuras, o no estaban en sus casas durante las protestas, fueron trasladados", asegura el informe, en el que se añade que, en otros casos, las fuerzas de seguridad "simplemente fueron por todos los jóvenes que pudieron atrapar y los metieron en camiones".
Por todo ello, HRW pide a China que "interrumpa inmediatamente la práctica de las desapariciones forzosas, libere a quienes no tengan cargos contra ellos y dé cuenta de todo el que mantenga retenido".
Además, le urge a que permita una investigación internacional independiente y pide al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas que lidere ese proceso.
"China solo debería utilizar lugares de detención oficiales, para que todo el que esté detenido pueda tener contacto con sus familiares y asesores legales", defendió Adams, quien recordó que las desapariciones forzadas no son dignas del comportamiento de países que aspiran a un liderazgo internacional.
La ONG recordó que según las leyes internacionales un estado es responsable de una "desaparición forzosa" si "sus agentes detienen a una persona y niegan tenerla retenida o no informan de su paradero", y apuntó que las víctimas de esa práctica "tienen un gran riesgo de sufrir torturas o ejecuciones extrajudiciales".
La organización consideró que Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros socios de China deberían reclamar una clara respuesta sobre lo ocurrido.
"No deberían permitir que las relaciones comerciales u otras consideraciones políticas los llevaran a tratar a China de forma diferente que a otros países que llevan a cabo esta horrorosa práctica", añadió Adams.
China es el país donde más sentencias de muerte se dictan al año, con 1.067 ejecuciones en 2008, pero la cifra real se sitúa por encima de las 8.000, según han filtrado los propios legisladores chinos.
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