Castellón.- El concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Castellón Juli Domingo ha afirmado hoy que las "sospechas y las imputaciones judiciales están lastrando al alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y paralizan la gestión pública del equipo de gobierno del Partido Popular".
En un comunicado, Domingo ha dicho que "a este paso, Alberto Fabra cambiará el despacho de la alcaldía por otro en la Ciudad de la Justicia", y ha lamentado "el impacto negativo que los conflictos judiciales del PP están teniendo sobre el Ayuntamiento y la ciudad".
El edil socialista se ha referido a la petición de la Fiscalía de imputar a Fabra por un presunto delito de desobediencia por el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba al Ayuntamiento a indemnizar con más de 600.000 euros a la empresa Cerámicas Gómez por el desarrollo de un PAI.
Domingo ha explicado que ahora "el más que amigo de Camps, el tristemente célebre señor Juan Luis de la Rúa, cree que el TSJ no es competente para juzgar a Fabra por unos fallos formales en la instrucción de la causa".
"Pero lo que sí que queda en evidencia claramente aquí es la actitud de confrontación del alcalde contra las decisiones judiciales que le son adversas, como ocurrió tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana, también por el Supremo", ha agregado.
El concejal socialista ha recordado que el TSJ "también ha amenazado a Fabra con sanciones económicas y hasta con la incoación de un procedimiento penal por el incumplimiento de otro fallo del Tribunal Supremo, esta vez relacionado con el cumplimiento de la sentencia que ilegalizaba la construcción del emisario submarino de la depuradora en el Pinar".
"Los magistrados cuestionaron en septiembre la falta absoluta de cumplimiento y respuesta a los reiterados requerimientos de cumplimiento de la sentencia por parte del Ayuntamiento de Castelló", ha agregado.
En referencia al caso de Cerámicas Gómez, Domingo ha recordado que el Tribunal Supremo desautorizó en mayo de 2008 una reparcelación urbanística que había aprobado el Ayuntamiento de Castellón en 2001, durante la alcaldía de José Luis Gimeno, también del PP.
Siete años después, ordenó que la empresa Cerámicas Gómez fuera indemnizada con un total de 650.000 euros por considerar que había existido un "reparto desproporcionado" de las parcelas del plan parcial de San Lorenzo, en la Unidad de Ejecución 13-UE-T.
En este sentido ha asegurado que las "meteduras de pata de Gimeno con el urbanismo de Castellón las estamos pagando ahora los castellonenses y las meteduras de pata de Fabra las pagaremos dentro de unos años cuando los tribunales resuelvan las decenas de casos en los que el Ayuntamiento de Castellón ha sido denunciado por ciudadanos hartos de la ineficacia máxima del PP".
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