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Los acusados de destrozos en la huelga del metal niegan los cargos que se les imputan

EFE
Actualizado 19-10-2009 16:18 CET

Vigo.-  Los trece trabajadores del sector del Metal juzgados en Vigo por distintos incidentes violentos ocurridos en 2006, en la estación del ferrocarril de esta ciudad, en la huelga de este sector, han negado hoy los delitos que se les imputan, entre ellos destrucción de mobiliario urbano, y en algunos casos atentado contra la autoridad.

En su declaración los obreros, que en su mayor parte se acogieron a su derecho a no declarar y únicamente respondieron a las preguntas de su abogado, hicieron hincapié en que solamente se sumaban a una protesta con el resto de sus compañeros, pero que no participaron en actos violentos ni en enfrentamientos con los policías.

Además, los implicados alegaron que las detenciones no estaban justificadas, ya que no se produjeron en el lugar en el que ocurrieron los incidentes sino en otros puntos, cuando los trabajadores se retiraban a sus domicilios.

La vista por los incidentes durante las movilizaciones llevadas a cabo por los trabajadores del Metal, el 9 de mayo de 2006, con motivo de la huelga por la negociación del convenio colectivo, continuará mañana, con la declaración de los policías, y el miércoles, jornada en la que comparecerán varios testigos.

El juicio, que comenzó esta mañana en el juzgado de lo penal número 2 de Vigo, coincide con un paro parcial convocado por la CIG en las empresas del Metal de la comarca de Vigo, que según declaraciones de Miguel Anxo Malvido a Efe, fue "generalizado".

Además, en torno a medio millar de trabajadores participaron en una movilización, que discurrió desde las diferentes empresas hasta la Plaza do Rei, y desde allí hasta el exterior de los Juzgados, acción que causó varios cortes de tráfico al paso de los obreros.

Los implicados en el conflicto pertenecen, mayoritariamente, a la Confederación Intersindical Galega (CIG), cuatro de los implicados están acusados de varios delitos, entre ellos los de atentado contra la autoridad, por lo que el fiscal solicita una pena de más de tres años de prisión, mientras que para el resto pide una condena de menos de tres años.

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