Santiago de Compostela.- La conselleira de Hacienda, Marta Fernández Currás, ha destacado hoy, "con la prudencia de los primeros datos", un "repunte muy significativo" en el mercado de la vivienda residencial, en coincidencia con la tramitación del proyecto de ley de medidas tributarias sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales.
Así lo apuntó hoy la conselleira en el pleno del Parlamento, que aprobó con los únicos votos del PP esta medida legislativa, que rebaja a la mitad este impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados a los menores de 36 años y a las familias numerosas.
La conselleira insistió en que el repunte en la vivienda residencial coincide con la presentación del proyecto legislativo, "por lo que existen elementos objetivos que permiten califica la medida, además de oportuna", de "realmente eficaz".
Igualmente, destacó que esta mejora del sector de la vivienda usada "permite ser optimistas y refuerza la confianza en que medidas como esta nos llevan por el buen camino".
El proyecto legislativo, que recibió el voto en contra del BNG, mientras el PSOE se abstuvo, tendrá carácter retroactivo para las operaciones realizadas a partir del 1 de julio.
Con la reforma legislativa, el tipo de gravamen aplicable en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales será del cuatro por ciento, mientras que antes era del 7, y en los actos jurídicos documentados será del 0,3, cuando hasta ahora era del 0,75.
En su intervención en el pleno, Marta Fernández destacó la oportunidad de la medida para favorecer el acceso a la vivienda en estos momentos de crisis, e indicó que en este contexto es preciso mantener estímulos fiscales para reactivar la economía.
La conselleira también vinculó la medida al cumplimiento de un compromiso electoral con medias que inyecten liquidez en el mercado, impulsen la recuperación del sector inmobiliario y, "en definitiva, restaurar la confianza de los consumidores".
Según Fernández Currás, la rebaja impositiva responde a una "obligación constitucional" de promover condiciones favorables para el "progreso social y económico" y facilitar el acceso a una vivienda digna.
Explicó en este sentido que el objetivo perseguido con la norma es poner recursos a disposición de los colectivos beneficiados, los jóvenes y las familias numerosas, para favorecer su acceso a la vivienda.
Los grupos de oposición lamentaron que la rebaja fiscal no ponga límite sobre la renta de los beneficiarios o el precio de la vivienda a adquirir.
Sin embargo, el diputado popular Pedro Puy destacó que sí lo hay sobre el patrimonio, que en el caso de los jóvenes no puede sobrepasar los 250.000 euros, y los 400.000 en el caso de las familias numerosas.
A juicio del nacionalista Fernando Blanco, con esta norma se "rompe la solidaridad", y puso como ejemplo que se ofrece el mismo tratamiento a quien quiere adquirir su primera vivienda que a quien "le quiere poner el chalé a un hijo".
La norma, dijo, es "injusta e insolidaria" y permite, dijo, "quitarles la careta de la falsa solidaridad", apuntó al PP.
Mientras, la socialista María José Caride indicó que la reforma "beneficia a quien más tiene", y la consideró una "operación de márketing, de aparentar ayudas a las familias, cuando en realidad se les impuso "el nuevo impuesto del pago" de los libros de texto.
Igualmente, Caride consideró que la reforma tendrá un carácter limitado, ya que, según sus cálculos, afectará a unas 3.000 familias gallegas.
Mientras, Pedro Puy destacó que el texto legislativo "tiende a la equidad", al tiempo que justificó que no se aceptasen las enmiendas de la oposición por lo que consideró falta de rigor de las propuestas, además de haber puesto muy bajo el límite de rentas para acceder a la rebaja impositiva.
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