Málaga.- El entramado del caso "Malaya" sobre la corrupción municipal e inmobiliaria de Marbella logró blanquear 669,6 millones de euros y la mayor parte provenía de pagos recibidos a cambio de favores urbanísticos en esta ciudad, según ha tasado la Policía.
Los informes que el Grupo III de Blanqueo de la unidad policial UDYCO y Hacienda han entregado al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, encargado del caso, revelan que ese dinero (unos 111.000 millones de las antiguas pesetas) fue lavado por 26 grandes testaferros que trabajaban a las órdenes del presunto cerebro de la trama y ex asesor urbanístico municipal marbellí Juan Antonio Roca, según publica hoy el diario "La Opinión de Málaga".
La Policía asegura que uno solo de los "hombres de paja" de Roca llegó a colocar en el circuito legal más de 111 millones de euros, mientras los investigadores imputan una suma de 68 millones a un despacho madrileño.
El periódico indica que a Óscar Benavente ("hombre de absoluta confianza para Roca", según la Policía) se le endosan 55,7 millones; a Montserrat Corulla (administradora de sociedades y persona clave en Madrid), 44,07; al promotor granadino Ávila Rojas se le atribuyen 40 millones; a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Lietor 26,3; a un marchante de arte 15,1 y a Pedro Román y su hija 8,6.
En relación a la cifra de 669 millones la Policía siempre habla de cantidades "mínimas", por lo que el montante global podría superar con creces esa cantidad, según el rotativo malagueño, que precisa que se trata del líquido que provenía de los sobornos y que, debidamente invertido, acabó generando innumerables beneficios.
Los abogados presentes en el caso estaban desesperados porque, hasta hace poco, la Policía no había señalado el montante global de lo blanqueado y se habían quejado en innumerables ocasiones de que no podían defenderse al desconocer qué cantidades "lavadas" se les imputan a sus clientes.
Una firma de letrados madrileña, que tiene a seis abogados imputados en la causa, fue la primera muleta en que se apoyó el presunto cerebro de la trama para el supuesto blanqueo, ya que, según Hacienda, "el gabinete jurídico presta a Roca un servicio integral para ocultar y alejar el producto de los presuntos ilícitos cometidos por éste".
El despacho crea estructuras societarias, lleva la contabilidad y obligaciones mercantiles y pone al servicio del ex asesor, según el informe, empresas ya constituidas y en el análisis efectuado se le imputa a la firma el supuesto blanqueo de 68 millones.
Éste se hacía efectivo a través de ingresos en metálico en cuentas del despacho, interviniendo algunos de sus juristas como "hombres de paja" en operaciones urbanísticas promovidas por sociedades instrumentales de Roca o por medio de préstamos (algunos ficticios) de unas mercantiles a otras.
Las operaciones de préstamos, constatadas con documentos intervenidos en los registros, alcanzaron un montante de 14,2 millones de euros, mientras que el efectivo convertido en depósitos bancarios llegó a 25.
La UDYCO atribuye el presunto blanqueo de 111 millones a una sola persona que gestionaba, entre otros, negocios relacionados con las sociedades Marqués de Velilla, Gracia y Noguera y Marbella Airways.
En algunos casos, en el origen de las operaciones se hallaban parcelas municipales que, por permutas, acababan en terceros.
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