Málaga.- El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca ha negado hoy ante el juez haber participado en la redacción y aprobación de dos convenios que se investigan en una pieza separada del "caso Malaya", mientras que el ex alcalde Julián Muñoz ha asegurado no recordar su firma.
Roca y Muñoz han comparecido como imputados ante el instructor de la causa, Óscar Pérez, en relación con un procedimiento aparte abierto en virtud de un informe policial sobre las vinculaciones del entramado societario del ex asesor con el empresario Francisco Javier Arteche y las operaciones urbanísticas en las parcelas denominadas "Ave María" y "Francisco Norte".
En su declaración, Roca ha aseverado que no ha tenido "ninguna" participación en la redacción y aprobación de los convenios y ha negado también haber dado dinero "a nadie" en relación con estas operaciones urbanísticas, según ha señalado el abogado defensor del ex asesor urbanístico, José Aníbal Álvarez.
"Él no es funcionario, con lo cual ni redactaba ni votaba", ha destacado el letrado, que ha apuntado que, por su parte, Julián Muñoz ha manifestado ante el juez que no recordaba haber firmado los citados convenios.
Además de Roca y Muñoz, hoy han comparecido también en calidad de imputados el empresario Francisco Javier Arteche, el tasador José Mora Igeño y los abogados Manuel Sánchez Zubizarreta y Francisco Soriano Pastor, estos dos últimos, procesados también por el "caso Malaya".
Durante su declaración judicial, Arteche ha señalado que las operaciones urbanísticas han supuesto un perjuicio de cerca de 1,8 millones de euros para su compañía que no ha sido recuperados, según ha indicado Álvarez, que ha añadido que tanto Sánchez Zubizarreta como Soriano Pastor han negado también su participación en los hechos.
Para su comparecencia ante el juez, Juan Antonio Roca y Julián Muñoz han sido trasladados desde la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) a los juzgados de la localidad malagueña de Marbella, donde han permanecido varias horas.
Las declaraciones por esta pieza separada se iniciaron el pasado enero con la comparecencia del ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, al que el juez imputa un delito de falsedad de documentos, y continuarán mañana con la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe y los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, e Inés Soroeta.
El informe policial sobre la operación en la parcela "Ave María" establece que el Consistorio firmó un convenio en 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que cedió un aprovechamiento urbanístico por un valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.
Antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en "Ave María", así como casi 900 en "Los Verdiales", fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones.
El informe señala además que la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca.
Destaca también que nueve días después de ratificarse dicha permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad del ex asesor urbanístico, se refleja un pago por 60.000 euros identificado con el acrónimo J.A., "sospechándose que pueda corresponder a Javier Arteche, beneficiario final de los aprovechamientos".
Según las investigaciones, teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros.
Dicha actuación, según el juez instructor del caso, "conduce a una eventual malversación de caudales públicos imputable a Sánchez y Liétor, por su vinculación con CCF 21, Arteche y Mora como partícipes en el delito especial propio, y Roca y Muñoz como autores".
Sobre la operación "Francisco Norte", el magistrado indica que el final de ésta puede situarse en el convenio suscrito en noviembre de 2002 por el Ayuntamiento con Yeregui Desarrollo S.L. por el cual el Consistorio acordaba pagar a la empresa 3 millones de euros en concepto de indemnización al no ser posible finalmente edificar en la finca.
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