Guatemala.- El Parlamento de Guatemala atendió hoy parcialmente el clamor de la sociedad civil y la comunidad internacional al dejar fuera de la lista de nuevos magistrados del Poder Judicial a tres de los seis candidatos tachados por su falta de idoneidad y honorabilidad.
Los legisladores se vieron forzados a dar marcha atrás en la elección inicial de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), realizada la semana pasada, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenara revisar el procedimiento para que los letrados elegidos cumplieran con el principio de honorabilidad.
Tras varias horas de discusiones y negociaciones políticas, los congresistas rectificaron esta madrugada la elección dejando fuera a las abogadas Elda Nájera y Jackeline España, y aceptando la renuncia de Manuel Pocasangre, quien había dimitido horas antes.
En sustitución de estos magistrados eligieron a los abogados Luis Arturo Archila Lerayees, Luis Alberto Pineda Roca y José Arturo Sierra González.
Sin embargo, el cumplimiento del fallo del máximo tribunal fue parcial, ya que mantuvieron en la lista de nuevos magistrados a Thelma Aldana, Dimas Bonilla y Mynor Franco, quienes también fueron señalados de "faltos de idoneidad y honestidad" para integrar el Poder Judicial.
Medio centenar de organizaciones sociales del país y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron al Parlamento pruebas documentales que vinculan supuestamente a seis magistrados con un "grupo paralelo" que busca tomar el control de las cortes del país.
Según la Cicig, este grupo está dirigido por el abogado y empresario Roberto López Villatoro, quien "desde hace varios años está cooptando magistrados (...) con el propósito de controlar las cortes".
"El mandato de la CC fue cumplido parcialmente, porque no se cumplió con la disposición de revisar todos los casos (de los magistrados vetados), y los bloques mayoritarios se impusieron", dijo a periodistas la diputada Nineth Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala.
Según esta legisladora, una de las más insistentes en que se realizara una nueva elección del total de magistrados, "cualquiera puede impugnar de nuevo" el procedimiento del Parlamento por "no haberse apegado a derecho".
Eso es precisamente lo que analizan hacer las organizaciones sociales, que se sienten "burladas" por la forma en que actuaron los diputados.
"Privaron los intereses político sobre los legales. Hubo una evidente desobediencia al fallo de la CC, por lo que creemos conveniente accionar" en contra del Congreso, dijo a periodistas la presidenta de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack, una de las 49 organizaciones que integran la plataforma Convocatoria Ciudadana.
Los directivos del Congreso no han expresaron su opinión al respecto, pero anunciaron que las pruebas presentadas por la Cicig en contra de los magistrados tachados fueron remitidas a la Fiscalía para que se realicen las investigaciones correspondientes.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, en cambio, consideró que "tanto el Congreso como la CC hicieron el trabajo que les correspondía", y defendió a los legisladores por haber privilegiado sus intereses políticos en la elección de los magistrados.
"Sería injusto pedir a la institución eminentemente política (el Parlamento) que tenga otro tipo de criterios que no sean los políticos", dijo el mandatario a periodistas.
El gobernante agregó que a su criterio "se debieron de haber cambiado a todos" los magistrados elegidos inicialmente, pero en vista de lo ocurrido "lo que hay que hacer ahora es fortalecer a la (nueva) Corte, apoyarla y seguir trabajando".
"Deberíamos todos apoyar a la Corte y darle el beneficio de la duda. Esta Corte tendrá una fiscalización muy cercana, y eso le ayudará a hacer un buen trabajo", precisó Colom.
Los nuevos magistrados de la CSJ tomarán posesión de su cargos el próximo 13 de octubre, día en que por disposición constitucional deberán ser renovadas las cortes del país.
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