El PSOE-A se queda sólo en la defensa de los presupuestos de Zapatero

Sevilla.-  La mayoría absoluta del PSOE-A ha propiciado hoy que el Parlamento andaluz avale los presupuestos del Estado (PGE) para 2010 en la comunidad, un apoyo en solitario que ha evidenciado el rechazo del PP e IU con acusaciones de "traición e incumplimientos" al Estatuto de Autonomía.

Con la aprobación de 21 propuestas de resolución -las 19 del PSOE, una del PP y una de IU-, el debate general sobre las repercusiones de los presupuestos del Estado para el próximo ejercicio en Andalucía -que supondrá una inversión de 4.180 millones- se ha centrado en las inversiones que recibe la comunidad según su población.

Otra de las principales polémicas del debate ha versado sobre la forma en que la Junta cobrará los 784 millones pendientes de percibir de la deuda histórica, ambos conceptos recogidos en sendas disposiciones adicionales del Estatuto de Autonomía.

Pese a que la oposición ha denunciado que la posibilidad de cobrar la deuda histórica en bienes y derechos estatales (posiblemente terrenos), como recogen los PGE, "incumple" el Estatuto, la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha defendido saldar al menos una parte por estos conceptos, tal y como ha pedido la Junta al Gobierno.

Sin embargo, los socialistas no han entrado en la forma de pago y se han limitado a recoger en una de sus 19 propuestas de resolución aprobadas en el pleno que el abono de la deuda se "adecúe a la finalidad fijada" por esta disposición (educación, sanidad y vivienda) y que se respete el plazo limite del 20 de marzo de 2010.

El PP-A e IU vieron como se rechazaban sus propuestas sobre este asunto en el que demandaban el cumplimiento íntegro del Estatuto, que supondría la inclusión en los presupuestos de la cantidad pendiente en metálico y la retirada de la posibilidad de saldar la deuda con la transmisión de bienes y derechos.

Otra de las demandas de la oposición que ha sido rechazada exigía al Gobierno central que abonara con carácter inmediato los 300 millones de euros consignados en concepto de anticipo del pago de la deuda histórica en los presupuestos del Estado y de la Junta para 2009 y que todavía están pendientes de pago.

Por otra parte, las diferencias entre el Gobierno y la oposición se han centrado en el porcentaje de inversiones que, según el peso poblacional de Andalucía, debe recibir la comunidad, ya que los PGE prevén un 17,7 por ciento en vez del 17,8 que debería establecer.

La consejera ha reconocido este "desfase" y ha anunciado que éste se resolverá en una comisión mixta Gobierno-Junta.

Para evitar estas situaciones en el futuro, los socialistas presentaron una propuesta, que también fue aprobada, en la que piden incluir en los PGE una cláusula que garantice el seguimiento de la ejecución presupuestaria en las inversiones.

El PP intentó ir un poco más allá en este aspecto -aunque sin éxito- y presentó una propuesta para establecer cláusulas "específicas" de responsabilidad del Estado en caso de incumplimiento de la ejecución prevista, como se recoge en la los Presupuestos para otras comunidades.

En términos generales, la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha calificado las cuentas públicas como "leales" con Andalucía ya que cumplen con el Estatuto y responden a las necesidades de la comunidad, por lo que ha asegurado que son "plenamente satisfactorias".

Sin embargo, para la portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, son unos presupuestos "muy malos" para la comunidad y ha puesto el cobro de la deuda histórica en especie como ejemplo de la "discriminación" que el Gobierno central hace con Andalucía respecto a otras autonomías, especialmente la catalana, a la que, según Oña, el Ejecutivo de (José Luis Rodríguez) Zapatero "nunca" se hubiera atrevido a pagarle una deuda histórica en especie.

Por su parte, el diputado de IULV-CA Pedro Vaquero ha asegurado que los PGE están basados en previsiones de ingresos erróneas y ha calificado de "robo" la posibilidad de que la deuda histórica se salde en "especie" que, además, supone "canjear la dignidad" de la región y una pérdida del autogobierno.