Madrid.- Más de 4.600 jueces están llamados hoy a secundar la huelga convocada por la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en protesta por lo que considera un incumplimiento de los compromisos del Gobierno y sin el apoyo de las otras tres agrupaciones judiciales.
Se trata de la segunda huelga que vivirá la carrera judicial en su historia y sólo ocho meses después de la que se desarrolló el pasado 18 de febrero, convocada entonces por otras dos asociaciones: la Francisco de Vitoria, segunda en número de asociados, y el Foro Judicial Independiente.
Al igual que ocurrió entonces, para la jornada de paro de hoy no se han fijado servicios mínimos ya que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ejercicio del "hipotético" derecho de huelga de jueces y magistrados carece actualmente de soporte normativo.
La primera huelga de jueces fue secundada por un 35,58 por ciento de los magistrados en ejercicio, según los datos del CGPJ, cifra que los convocantes, que consideraron un éxito la jornada, elevaron al 60 por ciento.
Junto a la APM, que decidió en junio convocar el paro por considerar insuficientes los resultados logrados en las negociaciones con el Gobierno, más de una decena de juntas provinciales de jueces han expresado su apoyo al paro, entre ellas Málaga, Valencia, Castellón, Las Palmas, Ibiza, Zamora, Toledo, Murcia, Albacete, Guadalajara, A Coruña, Ourense y Zaragoza.
Por el contrario, hay casos como el de la Junta de Jueces de Madrid que ha evitado pronunciarse sobre esta medida de presión y ha llamado a la unidad a todas las asociaciones judiciales para mejorar la "crítica" situación de la Justicia española.
Tras la convocatoria de junio y después de las reuniones que han mantenido las asociaciones con el Ministerio de Justicia, la APM ha criticado duramente el Plan de Modernización de la Justicia aprobado por el Gobierno y que considera "claramente inadmisible".
Las otras tres asociaciones judiciales -las dos convocantes del primer paro y Jueces para la Democracia-, no irán a la huelga porque creen que el Ministerio de Justicia ha dado pasos y se han atendido algunas reivindicaciones, por lo que consideran que no hay motivos suficientes para ello.
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