Madrid.- La parte del sumario del "caso Gürtel" sobre la que se ha levantado el secreto y a la que ha tenido acceso Efe revela detalles de los estrechos vínculos que los más destacados miembros de la trama corrupta mantenían con dirigentes del PP y arroja sospechas sobre la financiación de este partido.
Las conversaciones intervenidas con autorización judicial y mantenidas por los miembros de la trama dirigida por Francisco Correa entre ellos y con responsables del citado partido -especialmente en la Comunidad Valenciana- dan idea de la intimidad de las relaciones entre unos y otros.
Así, a una conversación en la que Álvaro Pérez, "El Bigotes", cuenta que el presidente de la Generalitat valenciana quería hacerse "una foto" con Barack Obama y que él le había convencido de que eso era imposible y le había ofrecido como alternativa un encuentro con el gobernador de Nuevo México le siguió, un mes después, un viaje de Camps a Estados Unidos y la entrevista con Bill Richardson.
El del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, es otro de los nombres que aparecen repetidamente en las intervenciones telefónicas, bien porque Pérez y otro de los imputados -Pablo Crespo- gestionan para él la adquisición de un vehículo de alta gama, bien porque Correa le augura personalmente que será el "futuro presidente del Gobierno de este país".
"A los amigos no hay que pedirles nada, los amigos lo dan", dice "El Bigotes" en una de las decenas de conversaciones en las que los apelativos cariñosos -Costa es "ric"-, los apodos despectivos -el de Camps era "el curita"- y las palabras malsonantes -"hijo de puta" es una de las favoritas- se entremezclan como los miembros de la trama mezclaban negocios y política.
Nada escapaba al interés de Correa, que lo mismo planea formar un partido político para concurrir a las elecciones municipales en Majadahonda (Madrid) que aconseja a su mujer, la también imputada Carmen Rodríguez, que le haga saber a Miguel Blesa que le va a respaldar en la batalla que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital mantienen en Cajamadrid.
Tampoco dudaba en jactarse de sus relaciones: presume de su influencia sobre el secretario de Comunicación del PP y ex consejero valenciano Esteban González Pons para obtener recalificaciones urbanísticas y dice que fue el yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar, Alejandro Agag, cuyo nombre figura en la "caja B" de la trama, quien le presentó a "El Bigotes".
De este último, Correa dijo al juez Baltasar Garzón el pasado 9 de febrero, nada más ser detenido, que Ana Botella "se enamoró de él, en el buen sentido", y que "tuvo un éxito tremendo hasta que llegó Mariano (Rajoy)", momento en el que Camps se lo llevó a Valencia para organizar las campañas del PP valenciano a través de su empresa Orange Market.
Con todo, las revelaciones que aporta el sumario y que más incómodas pueden resultar al PP son las que apuntan a una posible financiación ilegal del partido, un asunto del que el ex dirigente de esta formación en Galicia, Pablo Crespo, habló el pasado 24 de febrero con su abogado estando ya en prisión.
Crespo, considerado el "número dos" de Correa, comenta a su letrado que tenía toda la información económica de los cuatro años durante los que fue secretario de organización del PP gallego en una caja de seguridad en Pontevedra, y que entre 1996 y 1999 había documentos con las cuentas del partido y una relación de ingresos y gastos "sin especificar quién ingresaba".
"Esto va a traer cola cuando se levante el secreto del sumario", añade Crespo, a lo que su abogado responde que si es un problema de financiación irregular puede conducir "a un delito electoral".
Esos "gastos no justificados", según los informes policiales que figuran en el sumario, ascienden a 584.580 euros.
También las cuentas del partido en Valencia están bajo sospecha, ya que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy mismo al instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que investigue los indicios de una supuesta financiación ilegal del PP valenciano que revela un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía.
El informe, titulado "Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana", habla de una doble facturación de cada uno de los eventos que la citada empresa organizaba para el partido.
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