LIMA.- Alberto Fujimori ya no volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. Ha cumplido con sus responsabilidades frente a la Justicia peruana. Sin embargo, su caso aún está lejos de ser archivado. El ex dictador ha interpuesto un recurso de nulidad contra todas sus condenas (un total de cuatro). Su batalla se fortalece y legitima al amparo del alto porcentaje de peruanos que simpatiza con el partido fujimorista: Keiko Fujimori, su hija y actual líder del grupo, se ha consolidado como la tercera figura política en intención de voto para las próximas elecciones generales, y bate records de seguidores en Facebook.
Los fujimoristas están utilizando como arma política el proceso judicial contra el ex mandatario. Su partido ataca cada sentencia en contra de su líder con un discurso victimista y una reinterpretación parcializada de los hechos juzgados. Es lo que el congresista Carlos Raffo denomina "la gran respuesta política" para combatir la persecución judicial que está sufriendo su líder. "Hay múltiples maneras para que Fujimori sea reivindicado y finalmente liberado", ha dicho. Y la técnica, aunque tildada de "oportunista" y con ciertos tintes sensacionalistas, está dando indiscutibles resultados positivos.
Con cada nueva condena en contra de su padre, Keiko sube en las encuestas. Y ya lo ha anunciado públicamente: si la heredera política del ex dictador gana las próximas elecciones, uno de los principales compromisos de su Gobierno será hacer todo lo posible para sacar a Alberto Fujimori de la cárcel.
Y es que su padre, que estuvo al frente del Estado peruano durante toda la década de los noventa, ha tocado fondo. El pasado martes 30 de septiembre recibió la cuarta sentencia condenatoria. Con este último fallo judicial, Fujimori da por concluido su particular via crucis por las salas penales de la Corte Suprema de su país. El ex mandatario ha tenido que encarar cuatro juicios sucesivos durante los dos últimos años, sentado permanentemente en el banquillo de los acusados, desde que fuera detenido y extraditado por el Gobierno chileno en el año 2007. El balance final de su confrontación con la Justicia peruana ha sido inapelable: siempre culpable.
El último capítulo de este 'culebrón' judicial enjuiciaba las responsabilidades delictivas de Alberto Fujimori en tres casos de corrupción política cometidos durante su mandato con el único objetivo de mantenerse en el poder. La sentencia ha declarado su culpabilidad en los delitos de peculado, cohecho activo y escucha telefónica. Haciendo uso fraudulento de los presupuestos del Estado, Fujimori diseñó y dirigió el conocido como "Plan Emilio", un complejo procedimiento de escuchas para controlar las llamadas telefónicas de los opositores a su régimen. Uno de los principales centros de escucha, denominado "Casa Blanca", estuvo instalado en el interior del Palacio de Gobierno. Fujimori también metió la mano en las arcas públicas para financiar la compra de congresistas de la oposición política y asegurarse la mayoría de escaños en el Parlamento. Por último, en un acto de injerencia ilícita del gobierno en la libertad de prensa, ordenó la compra encubierta de la mayoría de acciones de Cable Canal de Noticias y la línea editorial del diario nacional "Expreso". Una operación que, de nuevo, fue financiada con el dinero de todos los peruanos.
El fallo de la sentencia ha impuesto una condena al ex dictador de seis años de prisión, dos años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y el pago de una multa de 24 millones de nuevos soles al Estado peruano y 3 millones más a las 28 víctimas de las escuchas telefónicas (un total aproximado de 6,5 millones de euros). La condena tiene un valor simbólico: no hace otra cosa que aumentar el peso psicológico y la vergüenza pública de las penas que Alberto Fujimori ya carga sobre sus espaldas.
La más emblemática fue la condena a 25 años de prisión por crímenes de Estado y contra la Humanidad. El pasado mes de abril, la Sala Penal de la Corte Suprema peruana le declaró culpable como "autor mediato" de los delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía, lesiones graves y secuestro, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que sumaron 25 muertos entre 1991 y 1992, respectivamente. El fallo judicial explicaba que los delitos fueron ejecutados por agentes públicos del Estado, miembros del grupo militar encubierto "Colina", que fue constituido clandestinamente para combatir el terrorismo armado. Éste actuaba bajo órdenes de los organismos comandados por Vladimiro Montesinos, quien a su vez rendía cuentas de sus actividades a Alberto Fujimori. Esta sentencia supuso un hito en la historia judicial de Sudamérica: era la primera vez que un ex presidente latinoamericano era juzgado y condenado por crímenes contra la humanidad por un tribunal de su propio país.
Quizá la debacle del dictador sea un calvario necesario para hacerse merecedor de la redención moral y la clemencia de su pueblo. Un calvario para recuperar la fe de sus adeptos. Y todo el fujimorismo, como el ave fénix, volverá a renacer de sus cenizas más fuerte y orgulloso que nunca. Pero, mientras se demuestre lo contrario, la Justicia peruana podrá presumir de haber cumplido con su deber y Alberto Fujimori, a pesar de haber sido el más poderoso entre los poderosos, tendrá que pagar por todos los delitos que ha cometido contra su país.
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