VILLAVERDE DEL GUADALIMAR.- La Corte Suprema de Justicia condenó este miércoles al ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) a seis años de prisión por los tres delitos de corrupción que se le imputaban en el marco de los escándalos de las escuchas ilegales, el pago a congresistas y la compra irregular de una línea editorial de medios.
Fujimori, quien el pasado lunes asumió todos los cargos que se le imputaban, fue declarado culpable de los delitos de peculado doloso (malversación de fondos públicos), contra la administración pública (corrupción de funcionarios) y por la violación del secreto de las comunicaciones al comprar de forma ilegal medios de comunicación en el año 2000.
La condena de la Sala Penal Especial es menor a la solicitada por la Fiscalía, que pedía ocho años de prisión por los casos conocidos como "interceptación telefónica", "congresistas tránsfugas" y "medios de comunicación".
El ex mandatario fue además inhabilitado por el plazo de dos años para ejercer cualquier cargo público, incluyendo el de Presidente de la República. Asimismo, deberá pagar una reparación en agravio al Estado de 24,6 millones de nuevos soles (5,8 millones de euros) y una indemnización de 3 millones de nuevos soles (709.000 euros) para cada uno de los 28 agraviados, víctimas de las escuchas ilegales.
La lectura de la sentencia duró poco más de una hora y, poco después de conocer la condena, la defensa del ex gobernante interpuso un recurso de nulidad.
Esta es la cuarta condena que la justicia peruana emite contra Fujimori desde que comenzaron los procesos en su contra en el año 2007, después de haber sido extraditado desde Chile. No obstante, sólo deberá cumplir la de 25 años de cárcel porque en el sistema legal peruano prevalece la sanción mayor.
El pasado mes de abril, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión al ser declarado responsable de la muerte de 25 personas entre los años 1991 y 1992, en las conocidas masacres de Barrios Altos y La Cantuta. En julio fue condenado a 8 años de cárcel por haber pagado unos 10 millones de euros a su ex asesor Vladimiro Montesinos para evitar, según el ex mandatario, que éste diese un golpe de Estado.
A finales de 2007, la Sala Penal Especial había dictado penas carcelarias de seis y siete años contra el ex gobernante por el allanamiento ilegal de la vivienda de Trinidad Becerra, ex esposa de Montesinos y por entregar dinero a su ex asesor.
LOS DELITOS
El tribunal determinó que Fujimori es responsable de las escuchas ilegales que se realizaron durante su gobierno, con el objetivo de "tener el control de la actividad política" de Perú mediante la interceptación a las llamadas de políticos, periodistas y funcionarios.
La Fiscalía había acusado a el ex presidente de utilizar fondos públicos para instalar "centros de operaciones", incluso dentro del propio Palacio de Gobierno, que supuestamente le permitieron ejercer un mejor control de las acciones que estaban emprendiendo sus adversarios políticos.
Por el caso "medios de comunicación", la Sala Penal Especial concluyó que el ex presidente utilizó fondos públicos para comprar en 1999 la cadena Cable Canal de Noticias (CCN) y el diario 'Expreso', con miras a conseguir su reelección en los comicios del año 2000.
Por último, la justicia peruana declaró culpable a Fujimori de haber activado un plan para reclutar a congresistas opositores a su gobierno, a fin de obtener la mayoría en el Parlamento y poder conseguir un mayor "control" en las tareas fiscalización de los diputados.
Para documentar el caso de los 13 "congresistas tránsfugas", la Fiscalía presentó un vídeo que despertó el escándalo de los "vladivideos" en el año 2000, donde aparece Montesinos entregando altas sumas de dinero a un legislador.
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