Madrid.- La Comunidad de Madrid solicitará al juez personarse como parte "interesada y legítima" en el proceso que resolverá el recurso del Ayuntamiento de la capital sobre el reparto de consejeros en la Asamblea de Caja Madrid, después de que hoy un juzgado madrileño paralizase preventivamente las elecciones de la entidad.
El Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid ha decidido paralizar el proceso electoral de Caja Madrid, que estaba previsto que terminara a mediados de noviembre, a la espera de resolver el recurso presentado por el Ayuntamiento.
La decisión del juzgado se ha tomado una semana después de que el Consistorio pidiera paralizar el proceso como medida cautelar hasta que se decidiera de qué forma deben repartirse los 64 consejeros generales de la caja que corresponden a la Casa Real y a los que ésta renuncia.
Fuentes del Gobierno regional señalaron que, "como interesada directa y legítima", la Comunidad de Madrid defenderá la aplicación de la ley, "plenamente constitucional", y velará por que continúe el correspondiente proceso electoral de renovación de los miembros de Caja Madrid cuyo mandato expira en 2009, agregaron.
La suspensión cautelar acordada, adoptada a instancia del Ayuntamiento de la capital contra un acuerdo de la Comisión Electoral de Caja Madrid, "es una medida excepcional y provisional que deberá ser resuelta en las próximas semanas", previsiblemente a favor de que prosiga con normalidad el proceso electoral de la caja, insisten.
Según el ejecutivo regional "no se entendería" que cuando el juez llame a las partes para analizar si el proceso electoral y la composición de la Asamblea de Caja es correcto, las partes representadas sólo sean el Ayuntamiento y la entidad, lo que podría llevar a que no se defendieran los argumentos que llevaron a que su Comisión de Control rechazase el miércoles la impugnación del Ayuntamiento.
La Comisión de Control -electoral en el proceso- de la caja desestimó la reclamación del Consistorio por entender que la misma carece "de toda fundamentación jurídica".
Desde la Comunidad se recuerda que "es la segunda vez que el Ayuntamiento de Madrid acude a los tribunales para paralizar el proceso, pues la misma maniobra se intentó en marzo, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantó la suspensión, viendo clara la improcedencia de la petición del Ayuntamiento".
Según el sector mayoritario de esta Comisión, la tradicional renuncia de la Casa Real sobre la composición de la Asamblea de la caja "debe tomarse con la importancia que merece la Alta Institución, y no utilizarse -como hace el Consistorio- para defender intereses particulares".
Desde el sector mayoritario de esta Comisión -que defiende los argumentos de la Comunidad- se transmite que el Ayuntamiento "yerra al considerar que la carta de renuncia de la Casa Real, recibida en noviembre de 2008, es la encargada de resolver un hipotético conflicto de leyes, que el Ayuntamiento de Madrid inventa".
El consistorio "tan sólo pretende retrasar un proceso electoral retorciendo argumentaciones que adolecen de todo rigor", agregan fuentes del sector mayoritario en esta Comisión.
Aunque antiguamente la ley de cajas de ahorro LORCA establecía la obligación de que el reparto de los representantes de la Corona fuera proporcional entre el resto de sectores, "en el año 2002 se modificó para permitir, precisamente, otros sistemas de reparto como el que ha establecido el legislador de la Comunidad", recalcan.
En opinión de este sector, otras instancias que deberán personarse en el proceso que se sigue a instancia del Ayuntamiento, "por resultar claramente perjudicadas por las tesis del consistorio", son los consistorios de Alcalá de Henares, Aranjuez y Badajoz; la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y el Parlamento Autonómico.
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