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El PP impide debatir la reprobación de Camps y rechaza medidas de "regeneración"

EFE
Actualizado 30-09-2009 20:16 CET

Valencia.-  El PP ha impedido hoy debatir en el debate de Política General una propuesta de la oposición que pedía la reprobación del president de la Generalitat, Francisco Camps, y ha rechazado medidas "de regeneración democrática", como el traslado a Les Corts de los expedientes de contratación con empresas relacionadas con el caso "Gürtel".

Les Corts Valencianes han celebrado la segunda jornada del pleno que analiza el estado de la Comunitat con el debate de las 178 propuestas de resolución presentadas por los grupos, en la que la ausencia en el hemiciclo de Camps ha sido criticada por la oposición, que ha continuado con las alusiones al caso "Gürtel".

Una de las propuestas que ha protagonizado el debate ha sido precisamente la única que no se ha debatido dentro del hemiciclo, ya que el PP ha impedido en la Mesa que se tramitara la propuesta de Compromís de reprobar a Camps por su "falta de sinceridad hacia la ciudadanía y la paralización a que tiene sometido" al Consell.

El PP se ha amparado en el reglamento parlamentario para no admitir una iniciativa que a su juicio implica una moción de censura o una cuestión de confianza, y ha defendido que no se puede comparar con la reprobación que en su día impulsaron contra la vicepresidenta Fernández de la Vega, porque fue mediante una proposición no de ley.

Compromís ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional este nuevo "atropello intolerable" a los derechos de los parlamentarios, y ha acusado a los populares de imponer su mayoría absoluta para cometer "fraudes de ley".

El PP también ha rechazado propuestas que la oposición ha enmarcado en la "regeneración democrática", como la creación de una Oficina antifraude -que el PP ha negado porque ya está la Sindicatura de Cuentas- o de una comisión parlamentaria sobre corrupción, una petición según el PP "desprende rencor" y no respeta la presunción de inocencia.

Los populares también han rechazado hoy una propuesta de resolución del PSPV-PSOE para que el Consell entregara a los grupos parlamentarios una copia de todos los expedientes de contratación de la Generalitat con empresas relacionadas con el caso "Gürtel".

Los socialistas pedían que "en aras de la transparencia en la gestión" se instara al Consell a facilitar los expedientes de contratación y las facturas pagadas por los servicios prestados a alrededor de unas cuarenta empresas, entre las que se encuentran firmas como Orange Market o Special Events.

El PP también ha rechazado que los contratos externos sobre estudios, informes y consultorías, que se encarguen desde la Generalitat se remitan trimestralmente a Les Corts, y la creación de una comisión de seguimiento y control de la Sociedad Proyectos Temáticos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Sociedad Gestora y Promocional de la Comunitat Valenciana.

El portavoz adjunto del PSPV en Les Corts Joaquim Puig ha defendido que sus propuestas tienen que ver con la "igualdad de oportunidades para que todas las empresas puedan trabajar con la Administración valenciana sin pagar ningún peaje" y con "la libertad" para que "nadie rompa las reglas del juego haciendo trampas a través de la financiación irregular de su partido".

La diputada del PP Alicia de Miguel ha criticado que los socialistas se pongan como referencia de la democracia cuando con la moción de censura que los ex concejales del PSOE han presentado en Benidorm con el apoyo de un tránsfuga han cometido una "tropelía democrática de carácter extraordinario".

El PP ha logrado la unanimidad en torno a su propuesta de congelar las asignaciones a los grupos parlamentarios y los sueldos de los parlamentarios, aunque ha rechazado una petición de Compromís de rebajar un 20% las retribuciones de todos los altos cargos o la del PSPV de reducir un 25% los altos cargos.

Socialistas y populares han rechazado conjuntamente una propuesta de Compromís para incluir en el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana una cláusula de inversión territorializada, como la que existe en Cataluña o en Andalucía, que desde el PP se ha considerado "inconstitucional".

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