Zaragoza.- El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, estima que los expedientes de regulación de empleo seguirán produciéndose en la planta de General Motors (GM) en Figueruelas en tanto en cuanto la producción de la factoría sea superior a la demanda de compra de coches.
Así lo ha asegurado el consejero en el debate de una interpelación en las Cortes de Aragón formulada por el diputado de IU, Adolfo Barrena, quien se ha interesado por la política general del Gobierno aragonés en materia de subvenciones y ayudas a empresas en la Comunidad, especialmente en aquellas que aplican expedientes de extinción o de suspensión temporal de empleo.
Larraz ha hecho referencia, en este sentido, al cuarto ERE presentado por GM para Figueruelas y que ha achacado a su excesiva capacidad productiva de la fábrica, superior a los coches que se venden.
Por eso, mientras no se reduzca la producción, se sustancie la venta de Opel Europa a la firma austríaco-canadiense Magna y se llegue a un acuerdo para la reestructuración los ERE "difícilmente se podrán dejar de hacer".
El consejero, por otro lado, ha defendido las ayudas públicas que se conceden a las empresas porque éstas se dirigen, fundamentalmente, a firmas que contribuyen a la diversificación del modelo productivo, es decir, a las empresas tecnológicas, las de turismo, energías renovables o agroalimentación, sin descuidar tampoco a las de servicios o industriales, con lo que resulta un "mix" para Larraz "bastante razonable".
Esta es precisamente una de las peticiones que le ha formulado Barrena al consejero, en la línea de dar un tratamiento preferente en las líneas de subvenciones de ayudas a las empresas que hayan apostado por ese cambio productivo.
En un momento de crisis económica, además, ha recomendado al consejero que mantenga las ayudas, pero que analice "hacia dónde deben dirigirse" para contribuir a la citada diversificación del modelo productivo.
Respecto a los ERE, Larraz ha insistido en que más del 95 por ciento de los expedientes que debe de resolver la autoridad laboral llegan al Gobierno de Aragón con acuerdo de empresarios y sindicatos.
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