Madrid.- Los grupos minoritarios del Congreso han criticado la "pensión" que cobrará el consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, mientras varios ministros y miembros del PSOE, PP o CiU han recordado que es un acuerdo privado, aunque no han ocultado que ven matices sobre si es oportuno.
Unos matices en los que todos han coincidido es que, en la actual situación de crisis económica, quizá no sea el mejor marco para cobrar una pensión anual de unos tres millones de euros brutos, cantidad que se embolsará Goirigolzarri.
Para el pago de esta cantidad, que será vitalicia, el banco tiene provisionados 52,49 millones de euros, que garantizan la pensión anual, que no se completará con ningún tipo de indemnización por cese, ya que abandona el banco "de mutuo acuerdo".
El consejo de administración de BBVA ha decidido proponer a la próxima Junta de Accionistas de la entidad la sustitución de Goirigolzarri y la continuidad de Francisco González como presidente.
CiU cree que la pensión de Goirigolzarri es "un mal ejemplo en tiempos de crisis", IU considera que es un "escándalo" y UPyD la califica de "obscenidad".
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha subrayado al abandonar el pleno del Congreso que se trata de una decisión empresarial que atañe a los accionistas de BBVA, por lo que no ha querido hablar de ello.
Sí ha matizado, aunque de forma algo críptica, que opinar sobre si es oportuna o no en un marco de crisis sería una consideración "ética" sobre la que "ya saben cuál es la opinión del Gobierno", sin especificar más.
Otro miembro del Ejecutivo, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha coincidido en que se trata de una decisión de una entidad privada, pero ha ido más allá, al agregar que espera que desde ese banco "nunca nos den consejos para que congelemos las pensiones de 800 euros o abaratemos el despido; es lo único que les pido: que no nos den consejo".
El portavoz de economía del PP, Cristóbal Montoro, ha insistido en el carácter privado de la decisión, pero ha reconocido que una pensión de ese calibre en un momento de crisis económica "se vuelve especialmente llamativa".
Josep Lluis Sánchez Llibre, en nombre de CiU, sí ha puesto calificativo a la decisión: "un mal ejemplo en tiempos de crisis", pero también ha remarcado su carácter privado, además de recordar que se trata de una entidad financiera que no ha tenido que recibir ayudas por parte del Estado.
Respecto a la posibilidad de regular los sueldos de los altos cargos y directivos de los bancos, ha señalado que hay opiniones distintas: mientras los anglosajones optan simplemente por garantizar la transparencia, la UE se decanta más bien por regular las retribuciones, y hasta que haya un acuerdo, ha dicho, el Parlamento español no podrá debatir.
Gaspar Llamazares, diputado de IU, ha tachado de "escándalo" una decisión así en un momento de crisis, y ha opinado que debería haber medidas legales que impidieran este tipo de "desafueros".
"Una cosa es que un alto cargo de un banco tenga emolumentos importantes, y otra bien distinta es que tenga emolumentos escandalosos", ha dicho, antes de criticar que en la última reunión del G-20 no se hayan tomado medidas para que evitar esta "disparidad" de rentas.
Finalmente, la diputada de UPyD, Rosa Díez, ha considerado que la pensión es una "obscenidad", ya que hay cosas que aunque son legales, a la vez "son obscenas en términos democráticos" y están lejos de la "ejemplaridad política".
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