Madrid.- La Audiencia Nacional ha absuelto a la etarra Gracia Morcillo del delito de cómplice de asesinato del que la acusaba la Fiscalía por alojar en una vivienda de Andoain (Guipúzcoa) a los miembros del "comando Donosti" que participaron en el asesinato del dirigente socialista Fernando Múgica en 1996.
En un auto conocido hoy, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comunica la absolución de la procesada, entregada por las autoridades francesas el 27 de noviembre de 2008 en ejecución de una orden europea y ordena su inmediata puesta en libertad.
En el juicio que celebró la Audiencia Nacional el pasado lunes, el etarra Valentín Lasarte, ya condenado por el asesinato de Múgica, declaró que cuando fue detenido en 1996 inculpó a Gracia Morcillo "para tapar a colaboradores que no estaban fichados".
Tras su detención, Lasarte aseguró que se habían alojado en casa de Morcillo, que había sido su compañera sentimental, porque, tras cometer el atentado, su huida se vio frustrada por un tiroteo con la Ertzaintza y acabaron en la localidad guipuzcoana de Andoain, donde ésta residía, en lugar de en Lasarte-Oria, como tenían previsto.
Sin embargo, durante el juicio Lasarte, que declaró por videoconferencia desde prisión, se retractó y aseguró que no se alojaron en casa de Morcillo y que lo dijo para ocultar información sobre los pisos que utilizaban para esconder a sus colaboradores.
Esta versión corroboró la ofrecida por Morcillo, que cumple condena en Francia por colaboración con banda armada, y que aseguró que no conocía a ninguno de los miembros del comando aparte de a Lasarte, y que ni siquiera él había estado nunca en aquel piso.
La Fiscalía pedía veintitrés años de cárcel por un delito de complicidad en asesinato, ya que mantenía que, después de asesinar a Múgica, los entonces miembros del "comando Donosti" Francisco Javier García Gaztelu, "Txapote", Irantzu Gallastegi y Valentín Lasarte permanecieron escondidos en su apartamento.
Por su parte la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejercía la acusación popular, solicitaba una condena de 30 años de prisión por un delito de asesinato terrorista.
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