Valladolid.- El Gobierno y la Junta de Castilla y León han desbloqueado hoy la negociación del traspaso a esta Comunidad de la Cuenca del Duero y de los medios materiales y personales de Justicia, para lo que trabajarán decididamente, aunque sin poner fechas que puedan ser un impedimento.
Así lo han expresado en rueda de prensa el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, y el consejero de Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, tras la reunión hoy en Valladolid de la Comisión de Cooperación entre las dos administraciones central y autonómica.
El objetivo, en palabras de Zarrías, es que el traspaso de ambas materias pueda concretarse "en el menor tiempo posible", aunque sin ponerse "plazos" ya que se trata de competencias complejas en ambos casos, que han requerido de tiempos distintos en función de las distintas comunidades, por lo que poner fechas "más que colaborar en la solución se puede convertir en un problema"
En el caso del traspaso de la gestión de la Cuenca del Duero, que permite la última reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, existe la experiencia previa de la Cuenca del Guadalquivir, de la que es conocedor Zarrías como antiguo consejero de Presidencia de la Comunidad andaluza, aunque con algunas "diferencias que habrá que estudiar y profundizar", como el carácter internacional del Duero.
Ya existen las "hojas de ruta" de ambas negociaciones, ha reconocido Zarrías, por lo que ahora se trata "deshacer malentendidos", según De Santiago-Juárez.
Se trata, en ambos casos de ponerse a trabajar para ver las condiciones del traspaso en cuanto a inversiones, personal o gastos de reposición, con la garantía, en el caso de la Cuenca del Duero, del cumplimiento de los tratados internacionales, ha observado el consejero de Presidencia de Castilla y León, ya que no hay que olvidar que la autonomía, "también es Estado".
En el caso del traspaso de la Cuenca del Duero, la negociación tendrá como basa la propuesta de acuerdo que elaboró la Junta de Castilla y León hace cinco meses y que recoge expresamente ese compromiso de respeto a las obligaciones que se deriven de los tratados internacionales.
Respecto a las competencias en medios materiales y personales en materia de Justicia, desde setiembre de 2002 la Comisión Mixta de Transferencias de Castilla y León decidió comenzar la negociación que no ha sido posible cerrar con los distintos gobiernos del PP y PSOE.
Ahora se trata de limar los desencuentros y quejas en ambos sentidos de falta de información o por falta de respuesta a las peticiones de mejora y después de que ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunciase una inversión de 16 millones para que en 2013 esté construida la Ciudad de la Justicia en Valladolid.
"Es intención del Gobierno de España cumplir con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León" y de avanzar "con rigor e intensidad" en estos traspasos, ha recordado Zarrías.
En la reunión en Valladolid, merced a que corresponde a la Junta presidir la Comisión bilateral de la que forma parte con el Gobierno de la nación, se han reunido los grupos de trabajo relativos a conflictos y desarrollo estatuario y ha quedado constituida la de infraestructuras.
En este grupo de trabajo se ha analizado el Plan Plurianual de Convergencia Interior, que recoge el Estatuto de Autonomía y que ha consensuado la Junta con el PSOE en la Comunidad, por el que cada administración aportará anualmente 150 millones de euros durante los próximos tres años para invertir 900 al final del periodo.
El secretario de Estado de Cooperación Territorial ha observado que este Plan es "una herramienta muy útil para la lucha contra los desequilibrios económicos y sociales" en Castilla y León, y servirá de "punta de lanza" en la corrección de esas diferencias.
Zarrías ha respaldado los criterios consensuados por la Junta y el PSOE a la hora de repartir los fondos, centrados en envejecimiento, despoblación y dispersión, aunque el documento deberá ser aprobado por el Plenario de esta Comisión bilateral, que previsiblemente se reúna en la segunda quincena de noviembre para que finalmente pase a las Cortes de Castilla y León para su aprobación final y que entre en vigor en 2010.
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