Washington.- La Organización de Estados Americanos (OEA) fracasó hoy en sus esfuerzos por emitir una declaración sobre la restitución de las garantías en Honduras ante divergencias en uno de los puntos relacionado con las elecciones en ese país.
El Consejo de la OEA se reunió en una sesión extraordinaria con motivo de la expulsión de funcionarios de la OEA, cuya misión era preparar una visita de cancilleres y del secretario general del organismo, José Miguel Insulza, para continuar con el proceso de diálogo destinado a resolver la crisis política hondureña.
La reunión que comenzó a las diez de la mañana (14.00 GMT) y se prolongó más de diez horas se estancó ante el desacuerdo por uno de los párrafos referido a las elecciones convocadas para noviembre, indicaron fuentes diplomáticas que pidieron que no se les identificara.
No obstante, todos los países de la OEA manifestaron su preocupación por el decreto de estado de sitio y la suspensión de las garantías constitucionales durante 45 días.
Asimismo, rechazaron la expulsión de una misión de tres funcionarios de la OEA y dos españoles, que iban a mantener varias reuniones preparatorias para una visita de cancilleres al país.
Sin embargo, algunos como Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Costa Rica y Perú se abstuvieron de determinar cuál será su postura sobre el resultado electoral del 29 de noviembre durante la sesión pública de la mañana, que pasó a ser privada por la tarde en un intento de acercar posiciones.
Entre los países miembros hubo llamados a la "calma", a la "prudencia", peticiones a una posición más firme de la comunidad internacional y discrepancias sobre si los miembros de la OEA deben tomar una posición única de rechazo al Gobierno que surja de las elecciones si se convocan en el contexto actual.
El embajador de Argentina, Rodolfo Hugo Gil, dijo que su Gobierno no convalidaría que las elecciones fueran organizadas por un régimen golpista.
Según Gil, la OEA tiene que enviar un mensaje "muy claro" y dijo que la misión que vaya a Honduras "tiene que ir a negociar una sola cosa: la restitución del presidente Manuel Zelaya".
A estas críticas se sumó Guatemala, cuyo representante ante la OEA señaló que "no se trata solo de devolver a Zelaya", sino de evitar que esta situación "siente precedente".
El representante de EE.UU., Lewis Amselem, tras criticar al Gobierno de facto y calificar sus acciones de "insulto a la comunidad internacional", también reprobó la actuación de Zelaya.
A su juicio, el depuesto presidente "tiene que portarse como un líder y dar mensajes claros que expresen sus puntos de vista de manera pacífica", "dejar de hacer acusaciones y no actuar como si fuese una estrella de cine".
Por su parte, el embajador de México, Gustavo Albin, consideró que "es indispensable que todos los actores políticos eviten las declaraciones que inciten a la violencia y pongan en riesgo la estabilidad del país.
El embajador de Brasil, Ruy Casares e Silva, afirmó que "no hay intención de diálogo" por parte del Gobierno de facto y pidió una respuesta "tajante" a la comunidad internacional.
Según Casares e Silva, "ha llegado el momento de dar un paso adelante en la defensa de su misión diplomática" y por eso Brasil ha pedido que se convoque la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.
La situación se ha recrudecido en Honduras después de que el depuesto presidente regresara hace una semana por sorpresa y se alojara en la embajada de Brasil en Tegucigalpa.
Al no haber sido posible el consenso necesario para aprobar la declaración, el presidente del Consejo Permanente, Pedro Oyarce, emitió una declaración, en la que hizo un llamamiento al "diálogo", a la "reconciliación nacional" y al "restablecimiento del orden democrático.
La declaración, también suscrita por el secretario general, indicó que "después de conocer las últimas decisiones sobre las vigencias de garantías constitucionales de Honduras se mantienen atentos a la evolución de la crisis política".
En cuanto a la situación de la Embajada de Brasil, exigieron el respeto de esa misión diplomática y la inmunidad y privilegios de sus funcionarios, de acuerdo con el derecho internacional, "norma que no admite excepción".
Oyarce e Insulza recordaron que cualquier violación de las normas del derecho internacional afecta "seriamente" a la convivencia de América Latina y exigieron una "acción conjunta a la comunicada internacional.
Asimismo, reclamaron el respeto de estatus diplomático a las embajadas de Argentina, México, Venezuela y España, cuyos Gobiernos han decidido enviar de vuelta a sus embajadores puesto que Zelaya ha vuelto a Honduras.
En este sentido deploraron la decisión del régimen de facto de impedir el ingreso de una delegación de altos funcionarios de la OEA que iba a preparar la visita del grupo de cancilleres y del propio Insulza.
A la salida de la reunión, el secretario general dijo que todavía no está fijada la fecha para que esta comisión continúe su trabajo en Honduras, pero indicó que podría ser este viernes.
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