Bogotá.- La comunidad internacional pidió hoy mesura a las partes en conflicto en Honduras y voluntad para alcanzar una solución política a la crisis, agravada por el retorno del depuesto presidente, Manuel Zelaya, y la imposición del estado de excepción.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó tanto a los seguidores de Zelaya como a los del mandatario de facto, Roberto Micheletti, a que "se comprometan seriamente en los esfuerzos en favor del diálogo y la mediación regional".
Tras expresar su preocupación por el agravamiento de la situación en ese país con la declaración del estado de sitio el sábado pasado, Ban también exigió el "pleno respeto" de las garantías constitucionales.
Además, consideró "inaceptable" las amenazas a la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde desde hace nueve días se refugia Zelaya tras su regreso sorpresivo a Honduras y a donde llegará mañana una delegación de seis diputados brasileños para conocer de primera mano la situación en ese país y en la sede diplomática.
El secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, coincidió en que la crisis política en Honduras "está agravándose peligrosamente", por lo que urgió a encontrar un canal de diálogo para una pronta solución.
"Hoy más que nunca se requiere fortalecer los caminos para poder realmente salir de esto, que puede tener consecuencias mucho más serias que las que uno pudiera anticipar", dijo Iglesias a Efe en la capital mexicana.
Las medidas adoptadas en los últimos días por el Gobierno de facto "complican un poco el panorama en general", aseguró, en alusión a la decisión de impedir el ingreso al país de funcionarios de la OEA y de embajadores de México, España, Argentina y Venezuela.
Además, el Gobierno de Micheletti suspendió durante 45 días las garantías constitucionales con un decreto publicado el sábado pasado que restringe las libertades de circulación y expresión, y prohíbe las reuniones públicas, entre otras medidas.
En declaraciones a Efe desde Bruselas, la comisaria europea para las Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), Benita Ferrero-Waldner, también señaló que "lo más importante" ahora es buscar el diálogo entre las partes y después convocar a elecciones.
"Yo creo que el diálogo de San José tiene que funcionar. Tenemos que presionar todos para que sea así", apuntó Ferrero-Waldner, quien admitió que el regreso de Zelaya al país, casi tres meses después del golpe de Estado, "ha complicado" la solución a la crisis.
El mandatario de Costa Rica y mediador en el conflicto, Óscar Arias, criticó los mensajes emitidos en los últimos días tanto por el Gobierno de facto como por Zelaya, al considerar que "no ayudan a la tranquilidad y distensión necesarias para reanudar el diálogo".
En entrevista con CNN en español, Arias señaló que "el lenguaje es clave de acá en adelante"; uno de corte "cuasi-revolucionario puede llamar a más violencia" y "el único perjudicado sería el pueblo hondureño", advirtió.
Asimismo, resaltó el rol de los candidatos a la Presidencia de Honduras como actores claves para lograr la firma del Acuerdo de San José, que contempla la formación de un Gobierno de unidad nacional encabezado por Zelaya.
El mandatario costarricense insistió en que es posible una salida negociada, pero dijo que hasta el momento las posiciones han sido inflexibles, especialmente la del Gobierno de facto, que se opone a la restitución de Zelaya.
El Gobierno de EE.UU. enfiló hoy sus baterías contra el régimen de facto, después de que el embajador en funciones ante la OEA, Lewis Amselem, instara ayer al depuesto presidente a comportarse como "un líder" y no como una "estrella de cine".
Así, el Departamento de Estado aseguró que "es hora" de que Micheletti dialogue con Zelaya y confió en que permita la entrada al país de la misión de cancilleres de la OEA, cuyo viaje, inicialmente previsto para este jueves, se pospuso para el 7 de octubre.
El ministro de Exteriores de Costa Rica, Bruno Stagno, informó hoy que el jueves se desplazará a Tegucigalpa una avanzada de la OEA para reunirse con la Secretaría de Exteriores del Gobierno de facto, con el objetivo de preparar la visita de los cancilleres.
"Esperamos que esta delegación pueda entrar al país y tenga un diálogo significativo con el Gobierno de facto", indicó Philip Crowley, portavoz del Departamento de Estado, quien también pidió a las partes "actuar de manera constructiva, evitar declaraciones provocativas o acciones que podrían desembocar en violencia".
A su vez, el embajador de EE.UU. en Tegucigalpa, Hugo Llorens, criticó a quienes "instigan a la violencia" e instó al Gobierno de facto a restablecer "inmediatamente" las garantías constitucionales.
Lo mismo hizo Amnistía Internacional (AI), tras advertir del riesgo de que ese país entre "en una espiral de anarquía, en la que la policía y las fuerzas militares actúan sin consideración por los derechos humanos o el Estado de derecho".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la suspensión de las garantías, que -dijo- viola el derecho internacional, al ser adoptada para sostener un Gobierno ilegítimo surgido a raíz del "quebranto de la institucionalidad democrática".
También, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, organismo autónomo de la OEA, rechazó "enérgicamente" el estado de excepción e hizo un llamado "urgente" para que se restablezcan las transmisiones de dos medios afines a Zelaya y se devuelva "en perfecto estado" los equipos incautados el pasado lunes.
Las autoridades de facto cerraron las instalaciones de Radio Globo y el Canal 36 Cholusat Sur, una decisión que ha sido criticada afuera y dentro de Honduras, incluido el Parlamento, que pidió a Micheletti la derogación del decreto publicado el fin de semana.
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