Lima.- El ex presidente peruano Alberto Fujimori aceptó hoy la conclusión anticipada del último juicio por corrupción en su contra y será sentenciado el próximo miércoles por el espionaje telefónico de políticos y periodistas, y el pago a congresistas opositores para que se unieran a su partido.
La Primera Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia declaró la conclusión anticipada de los debates, después de que Fujimori aceptara los cargos que se le imputaban por delito contra la administración pública (peculado o mal uso fondos públicos), cohecho activo (corrupción de funcionarios) y contra la libertad del secreto de las comunicaciones, en el primer día de este juicio.
La sala anunció que la sentencia del último de los cuatro juicios abiertos a Fujimori en Perú será dictada el próximo miércoles 30 a las 11 de la mañana (16.00 GMT).
Esta es la tercera vez que Fujimori se acoge a la sentencia anticipada, pues ya lo hizo en dos juicios anteriores por corrupción.
El ex presidente (1990-2000) ya ha sido condenado a 25 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos, a 7 años y medio de cárcel por la entrega del dinero a su ex asesor Vladimiro Montesinos y a 6 años por el allanamiento ilegal de la casa de la esposa de este último.
El fiscal supremo, José Peláez, ha pedido ocho años de prisión y el pago de cinco millones de soles (1,6 millones de dólares) en reparación civil a favor del Estado y tres millones de soles (un millón de dólares) en forma proporcional, a favor de una decena de afectados por el espionaje telefónico.
El abogado de Fujimori, César Nakazaki, dijo que su defendido renunció a los actos del proceso al advertir que va a haber una sentencia condenatoria.
En vista a que "no se va a poder alcanzar un juicio imparcial, mi misión es verificar que se exprese la conformidad y responda a la voluntad libre del acusado", agregó Nakazaki.
Sin embargo, el ex congresista de izquierda Javier Diez Canseco, uno de los espiados, dijo que la conclusión anticipada no es un triunfo porque así se impide que "se vean las redes de la corrupción" del pasado gobierno de Fujimori.
Diez Canseco dijo que lo que el acusado busca es proteger la candidatura presidencial de su hija, Keiko Fujimori, una de las favoritas para los comicios del 2011.
A lo largo del juicio se iba a escuchar el testimonio de 61 personas sobre el mal uso de los fondos públicos para espiar a sus opositores y comprar a congresistas tránsfugas, lo que a consecuencia de la conclusión anticipada no tendrá lugar.
También iba a quedar al descubierto el financiamiento que hizo Fujimori de los estudios universitarios de su hija Keiko en Estados Unidos, presuntamente con dinero del Tesoro Público, agregó Diez Canseco.
El legislador fujimorista Carlos Raffo dijo por su parte que el ex mandatario quiso poner punto final a un "show mediático" en el que iban a desfilar una serie de opositores a él, y subrayó que la conclusión anticipada no significa que acepte los cargos presentados en su contra.
En la audiencia pública, Peláez aseguró que el ex mandatario ordenó el funcionamiento de un centro de escucha, denominado Casa Blanca, en el Palacio de Gobierno, así como de otros centros clandestinos encargados de la interceptación de las llamadas telefónicas y otro tipo de comunicaciones de diversos personajes públicos.
Otro de los casos juzgados es la adquisición de un canal de televisión de señal cerrada, el Cable Canal de Noticias, y de un diario de circulación nacional, Expreso, para favorecer su reelección en el 2000.
El tercer caso fue el pago a 13 congresistas opositores para que se unieran al oficialismo en el 2000, de manera que Fujimori pudiese tener un sustento para su tercera elección presidencial consecutiva ese año, según indicó Peláez.
"Este dinero entregado a congresistas tránsfugas provenía de fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), desviados de los ministerios de defensa, del interior y de las tres fuerzas armadas", indicó el fiscal supremo.
Fujimori, de 71 años, renunció en el año 2000 a la presidencia de Perú desde Japón por fax y no regresó a su país hasta que en 2007 fue extraditado desde Chile, donde fue detenido en 2005.
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