Madrid.- La Caixa y Caja Madrid, condenadas por la Audiencia Nacional a pagar 87,99 millones de euros como responsables civiles subsidiarias en el caso Gescartera, pidieron al Tribunal Supremo que les absuelva de pagar esa cantidad o la rebaje sustancialmente al considerar que excede de su supuesta responsabilidad.
En una vista celebrada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, las dos entidades financieras defendieron que no realizaron ninguna actividad que ayudara a aumentar el agujero de la agencia de valores o a engañar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que finalmente intervino la sociedad en junio de 2001.
La misma absolución pidieron los ocho condenados a penas de cárcel, entre ellos, el propietario de Gescartera, Antonio Camacho, y la presidenta de la agencia, Pilar Giménez-Reyna, y a las que se opusieron el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, entre ellas el Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN), que adelantó 25,5 millones de euros a los clientes.
Entre sus argumentos, La Caixa y Caja Madrid Bolsa denunciaron que la sentencia de la Audiencia Nacional se excedió hasta tal punto que les condenó a sufragar todo el agujero de la agencia de valores, incluso el que existía antes de 1999, cuando la firma de intermediación bursátil empezó a trabajar con la sociedad y La Caixa emitió los certificados que, según la Audiencia Nacional, ayudaron a retrasar la intervención de la CNMV.
Las dos entidades sostuvieron además que el tribunal dictó indemnizaciones superiores a las pedidas por la Fiscalía y las acusaciones particulares y que englobó operaciones que no fueron realizadas ni por La Caixa ni por Caja Madrid Bolsa y que incluso eran lícitas.
De hecho, La Caixa consideró que, en el caso de que se confirme la condena a sus directivos de la oficina de Majadahonda (Madrid) como cómplices de apropiación indebida, su responsabilidad subsidiaria se debería limitar a 7,2 millones de euros, el importe que los responsables de Gescartera sacaron de forma indebida de sus cuentas.
El tribunal tuvo una "aproximación de brocha gorda al cuantificar el déficit y al atribuirselo a todo el que fue condenado, sin precisar en qué parte contribuyó cada uno, lo que es técnicamente reprobable", aseguró el letrado de La Caixa, Nicolás González-Cuéllar, en línea con el abogado de CMS Albiñana y Suárez de Lezo Carlos Aguilar, que representa a Caja Madrid.
En su opinión, "el tribunal dio un salto al condenar por todo, por lo que ha pasado por las cuentas de Caja Madrid Bolsa y por lo que no ha pasado", lo que "ha causado una gran indefensión".
Por su parte, el propietario de Gescartera y principal condenado por la despatrimonialización de la agencia de valores, Antonio Camacho, sostuvo que "no son suficientes las pruebas para demostrar que existió un plan preconcebido" para apropiarse del dinero de los clientes.
No obstante, su abogado, Bernardo Monfort, solicitó al Supremo que si confirma la condena de la Audiencia Nacional por apropiación indebida y falsedad documental, le aplique el Código Penal de 1973, que rebajaría la pena de 11 años a un mínimo de seis.
Pilar Giménez-Reyna también solicitó que se anule su condena a tres años y medio de prisión como cómplice de un delito de apropiación indebida porque desconocía la retirada de dinero de los clientes por parte de Camacho debido a sus cargos "formales y decorativos" en Gescarera y a sus "actos neutrales".
Su letrado, Agustín Tornos, sostuvo que de sus dietarios se desprende que estaba informada del expediente que había abierto la CNMV a Gescartera, "lo que no quiere decir que conociera el fraude masivo".
Por su parte, el número dos de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, también pidió su absolución por considerar sin base la sentencia de la Audiencia Nacional, que constató la existencia de un déficit patrimonial en Gescartera sin haber analizado la situación entre 1992 y 1998, y se excedió al hacerle responsable de todo el déficit de la agencia de valores desde su creación en 1992, cuando sin embargo empezó a trabajar en la empresa seis años después.
La abogada de Ruiz de la Serna, que fue condenado a 10 años y medio de prisión por apropiación indebida y falsedad documental, también trató de limitar su participación en Gescartera al afirmar que los testigos sostuvieron durante el juicio que "nunca dio órdenes sobre la operativa o sobre que había que imputar beneficios o pérdidas a clientes".
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