Lima.- El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) será enjuiciado desde mañana por corrupción, en el que será el cuarto y último proceso por los casos autorizados cuando fue extraditado desde Chile, en 2007.
El ex gobernante, quien cumple una sentencia de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, será procesado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por las acusaciones de interceptación telefónica, el pago a congresistas tránsfugas y la compra ilegal de la línea editorial de medios de comunicación.
Se le acusa de la presunta comisión de los delitos de peculado (mal uso de fondos públicos) contra la administración pública (corrupción de funcionarios-cohecho activo) y contra la libertad, violación del secreto de las comunicaciones e interceptación telefónica.
La Fiscalía ha solicitado una condena a ocho años de prisión y el pago de una reparación civil de 5 millones de soles (1,6 millones de dólares) a favor del Estado y tres millones de soles (un millón de dólares) en forma proporcional para los agraviados por la interceptación telefónica.
Este proceso reunirá a los tres últimos casos pendientes de los siete autorizados por la Corte Suprema de Chile, cuando aceptó extraditarlo, en septiembre de 2007.
Los anteriores fueron por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, el secuestro de un empresario y un periodista tras el autogolpe de Estado de 1992, el pago de 15 millones de dólares en compensación a su ex asesor Vladimiro Montesinos y el allanamiento ilegal a la vivienda de la esposa de este último.
Además de los 25 años por los delitos vinculados con violaciones a los derechos humanos, Fujimori también ha sido condenado a 7 años y medio de cárcel por la entrega del dinero a Montesinos y a 6 años por el allanamiento ilegal.
Aunque las autoridades judiciales han señalado que el proceso puede durar más de un año, el fiscal supremo de Perú, José Peláez Bardales, comentó hoy que existe la posibilidad de que Fujimori acepte someterse a la "terminación anticipada", una figura jurídica que permite abreviar el juicio ante la aceptación de la responsabilidad.
Según Peláez esta medida, que ya fue tomada por Fujimori en los otros procesos por corrupción, puede darse para evitar una larga exposición pública del acusado.
El abogado defensor del ex mandatario, César Nakasaki, declinó, sin embargo, precisar la estrategia que usará en el juicio, aunque consideró que se dará "en un ambiente adverso".
"Estamos convencidos de que la Corte Suprema ha decidido no hacerle justicia al señor Fujimori, sino destruirlo", declaró hoy al diario El Comercio.
El fiscal Peláez dijo, por su parte, que las tres acusaciones están debidamente probadas y remarcó que el principal testigo será Vladimiro Montesinos, quien en otros procesos ya ha declarado que Fujimori daba las órdenes.
La Fiscalía señala que el ex presidente ordenó y planificó durante su régimen la interceptación telefónica contra políticos, periodistas y empresarios.
"Hay 60 testigos, así como vídeos, audios y documentos que acreditan la responsabilidad del ex mandatario", afirmó el magistrado.
La acusación también considera que existen "abundantes" pruebas documentales que acreditan que Fujimori cometió el delito de peculado por el soborno a 13 congresistas de oposición para que se pasaran a la bancada oficialista.
También le atribuye responsabilidad en la compra, en 1999, de un canal del cable local y de la línea editorial del diario Expreso.
El tribunal, presidido por el vocal César San Martín, dispuso que durante el juicio se presente un grupo de agraviados, entre los que se encuentra la líder de la alianza conservadora Unidad Nacional (UN), Lourdes Flores Nano, y el representante de la izquierda Javier Diez Canseco.
Además, se convocó a reconocidos periodistas como Enrique Zileri Gibson y Gustavo Mohme Seminario.
Entre los testigos se llamará a Montesinos y a personajes vinculados con él, como Matilde Pinchi Pinchi, Roberto Huamán Azcurra, Humberto Rozas Bounicelli, José Villanueva Ruesta, Elesván Bello Vásquez y Antonio Ibárcena Amico.
La Sala también solicitó al Congreso de la República que le remita una copia del vídeo Kouri-Montesinos, que el 14 de abril de 2000 fue hecho público e inició la crisis que llevó a la renuncia de Fujimori, en noviembre de ese año.
Alberto Kouri fue el primer congresista tránsfuga que fue captado en vídeo recibiendo 15.000 dólares del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
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