Lima.- El Congreso peruano aprobó hoy prorrogar por 30 meses el plazo para que la empresa minera Doe Run culmine su programa de adecuación ambiental, extensión que exigían los trabajadores para detener sus protestas de los últimos días.
El proyecto de ley que prorroga el plazo para que la minera complete su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) fue aprobado por 85 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, luego de un debate de más de dos horas.
El dictamen fue propuesto por el Ejecutivo y ayer fue aprobado por la comisión de Energía y Minas del Parlamento peruano, que introdujo una sola modificación al texto original: que los 30 meses de plazo tengan carácter improrrogable.
En ese plazo, Doe Run debe culminar la construcción de la planta de tratamiento de ácido sulfúrico de cobre, que junto a otra de tratamiento del circuito de plomo terminada el año pasado, busca reducir a la mitad la emisión de monóxido de carbono de la fundición metalúrgica que opera en la ciudad de La Oroya.
Por ambas plantas de tratamiento, Doe Run fijó una inversión de 400 millones de dólares, monto del cual restaría invertir poco menos de 100 millones de dólares.
La ley, que declara de necesidad pública e interés social la descontaminación de la ciudad de La Oroya, una de las más contaminadas del planeta según estudios internacionales, otorga un plazo de 10 meses para buscar la financiación del PAMA y otros 20 para su implementación.
El texto agrega que Doe Run, empresa de capital estadounidense, debe presentar las garantías que respalden el cumplimiento íntegro de los plazos fijados.
La minera opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en la región de Junín, desde 1997, y la mina Cobriza, en Huancavelica, desde 1998, y produce plomo, zinc, cobre, plata y oro, además de subproductos como el ácido sulfúrico y el indio.
A raíz de la crisis financiera mundial, Doe Run redujo sus operaciones al mínimo aduciendo que no tenía recursos suficientes, después de que se le suspendiera un crédito de un conjunto de bancos extranjeros.
El malestar de los trabajadores de la minera aumentó después de que el Ejecutivo peruano decidió el 16 de septiembre pasado extender a 20 meses el plazo para que Doe Run amplíe su PAMA, que vencía el próximo mes.
Las protestas de los trabajadores se intensificaron el pasado martes, dando inicio a una huelga con cortes de carretera que derivó en enfrentamientos con la policía.
Un efectivo policial resultó muerto como consecuencia de los enfrentamientos, mientras que otros tres resultaron heridos y se efectuaron varias detenciones de trabajadores.
El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, culpó ayer a los directivos de la minera de instigar a sus trabajadores a protestar, por lo que anunció que el Ejecutivo denunciará penalmente al gerente general, Juan Carlos Huyhua, como "autor mediato" de la muerte del policía.
Aunque la empresa y los trabajadores exigían que el plazo fuera ampliado a 36 meses, los líderes sindicales se comprometieron ayer a parar toda medida de fuerza si el pleno de congresistas aprobaba hoy la extensión de 30 meses.
Las labores en la minera permanecen paralizadas desde junio luego de que los bancos le cortaran un crédito vital para sus operaciones, pero sus trabajadores reciben el 63 por ciento de sus sueldos por un acuerdo con la compañía.
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