Madrid.- Convergencia i Unió dejó hoy claro que no tiene intención de apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2010 tal y como se plantean hasta la fecha, y el Gobierno ve ahora cómo peligran otros socios potenciales como los partidos de izquierda o el PNV, que tienen más reservas que antes.
A cuatro días de que el Gobierno apruebe el proyecto de ley presupuestario, y antes de marcharse a la cumbre del G20 en Pittsburgh (EEUU), la vicepresidenta segunda Elena Salgado se reunió hoy con los portavoces de CiU y el PNV para explicarles las líneas generales de las cuentas y seguir buscando apoyos para su aprobación.
Tras su reunión con Salgado, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, anunció que su grupo rechazará en principio los Presupuestos, y por tanto presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de ley, porque incluyen una subida de impuestos "completamente innecesaria e desacertada" en este momento de crisis.
La subida tributaria, y especialmente la del IVA, mermará el consumo y no ayudará a recuperar el empleo, según Durán i Lleida, quien también advirtió de que su partido no puede apoyar una política económica como la de José Luis Rodríguez Zapatero, "sin norte y sin rumbo".
Con este anuncio, CiU se convierte así en la primera fuerza política con la que ha hablado el Gobierno que confirma su rechazo a estas cuentas.
Un rechazo que ya ha manifestado el PP, aunque le gustaría que Salgado le llamase como a los demás para exponerle las cuentas estatales.
"Pues no me ha llamado", dijo la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando se le preguntó si Salgado le ha comunicado su intención de reunirse.
Sáenz de Santamaría, que recordó que su partido representa a diez millones de españoles, señaló que el año pasado el Gobierno no les llamó y en esta ocasión "nos tenemos que conformar con que (la vicepresidenta) no lo descarta".
Sin embargo, el portavoz socialista en la Cámara baja, José Antonio Alonso, pidió al PP que demuestre "buena fe política" si quiere hablar con el Gobierno de los Presupuestos de 2010.
Alonso recordó que ya en agosto, antes incluso de que se hubieran definido las líneas generales de los presupuestos, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, dejó claro que el PP no iba a apoyarlos.
El PNV insistió en que condiciona su apoyo a los Presupuestos a que el Gobierno garantice el blindaje del concierto económico vasco, por el que se rigen las relaciones financieras entre la Administración Central y el País Vasco.
Dicho concierto cuenta con un modelo propio que permite recaudar todos los impuestos en sus territorios y posteriormente aportar una cantidad anual al Estado como contribución a los servicios que éste presta en la comunidad, como Defensa y Asuntos Exteriores.
Sin embargo, explicó el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, tras reunirse con Salgado, la ministra admitió que dicho blindaje será difícil, porque plantea "notables problemas técnicos" que hay que solucionar.
A pesar de ello, Erkoreka pidió al PSOE un compromiso "serio, firme y efectivo" con el blindaje.
Entretanto, esta mañana los diputados de IU-ICV, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, reclamaron al PSOE que demuestre que tiene intención de entenderse con las fuerzas de izquierda apoyando la proposición no de ley sobre la lucha contra el fraude fiscal que defienden en el pleno de esta tarde.
El PSOE, advirtió Herrera, empezará "con mal pie" la negociación con estos partidos si no apoya la iniciativa y no retira una enmienda "que no es más que humo".
Sin embargo, a última hora de esta tarde estaba casi cerrado el acuerdo entre los socialistas y Herrera sobre esta iniciativa, en la que se insta al Gobierno a aumentar los recursos de la Agencia Tributaria, ampliar los plazos de prescripción de delitos fiscales y promover un mayor control de las sociedades de inversión colectiva (SICAV).
El Gobierno seguirá intentando el acercamiento con los partidos de izquierda, como lo demuestra la reunión de la semana que viene entre Rodríguez Zapatero y el portavoz de ERC, Joan Ridao.
Los socialistas necesitan al menos siete votos para sacar adelante las cuentas en el Congreso, y aún no los tienen garantizados.
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