Guatemala.- Cuatro ex agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que integraban una banda delictiva investigada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), fueron condenados a entre 5 y 8 años de prisión, informaron hoy fuentes judiciales.
Según el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, el ex subinspector de la PNC José López Hernández fue declarado culpable de robo, abuso de autoridad y simulación de delito, por lo que fue sentenciado a 8 años de cárcel.
Por su lado, los ex agentes Jorge García Ortíz y Gueiry Godínez fueron condenados a 6 años de prisión y el ex comisario Elías Lémus Guerra a 5, también por los mismos delitos.
Los cuatro antiguos agentes, según el proceso judicial, detuvieron de forma ilegal al guatemalteco Eléazar Rodas, el 7 de abril de 2008, le robaron 10.000 quetzales (1.204 dólares) y lo presentaron ante los tribunales acusado de posesión de drogas.
Sin embargo, Rodas quedó en libertad por falta de pruebas tras una investigación que determinó que los agentes presentaron un alijo de marihuana como suyo, sin que fuera cierto.
Fuentes del Tribunal explicaron hoy a los periodistas que durante el juicio se dio validez a las pruebas aportadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Este fue uno de los primeros casos que investigó la Cicig, que dirige el jurista español Carlos Castresana, y que llevó en mayo del año pasado a la captura de los agentes, que fueron dados de baja de la PNC un mes después.
Los fiscales del Ministerio Público y los investigadores de la Cicig determinaron que los cuatro policías integraban la banda delictiva denominada "Mariachi loco", dirigida por Lémus y dedicada a perpetrar asesinatos, secuestros, atracos contra cambistas de moneda extranjera y robo de contenedores, entre otros delitos.
La Cicig, que se estableció en Guatemala en septiembre de 2007, investigó el caso por considerar que los agentes integraban una estructura clandestina dentro del Estado.
Esta instancia, auspiciada por las Naciones Unidas, es la encargada de investigar, para su desmantelamiento, la existencia de grupos clandestinos en los cuerpos de seguridad de Guatemala.
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